Caso Ángel: quién es el juez que le otorgó la tenencia a la madre, hoy sospechosa.
La trágica muerte de Ángel, el niño de 4 años que falleció esta semana en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, ha puesto bajo la lupa el accionar del Juzgado de Familia N°4. El titular de dicha dependencia, el juez Pablo José Pérez, es quien resolvió que el menor debía volver a vivir con su madre, Mariela Altamirano, a pesar de la feroz disputa judicial y las advertencias de la familia paterna.
El perfil del juez Pablo José Pérez
Pérez, de 42 años, es un magistrado que hasta este caso mantenía un perfil bajo en la ciudad petrolera. Se recibió de abogado en 2011 en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y cuenta con una trayectoria ascendente en el Poder Judicial local:
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Octubre de 2022: Asumió como juez coordinador de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia.
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Designación actual: Tras un concurso público y con el aval de la Legislatura provincial, fue nombrado titular del Juzgado de Familia N°4 de Comodoro Rivadavia.
Su intervención en la vida de Ángel se dio en el marco de un proceso de revinculación. En medio de denuncias cruzadas por violencia entre los padres (Luis López y Mariela Altamirano), el juez Pérez decidió restituir la tenencia a la madre, una determinación que hoy es cuestionada tras el fatal desenlace.
Cruce de acusaciones y sospechas de homicidio
Mientras la Fiscalía investiga el caso como una «muerte dudosa potencialmente ilícita», las versiones de los padres son diametralmente opuestas:
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Luis López (Padre): Asegura que su hijo estaba sano y que fue víctima de un crimen. “A Ángel lo mataron. Siempre pidió por mí y la Justicia nunca hizo nada”, denunció ante la prensa. Su entorno incluso difundió videos donde se veía al niño llorando ante la negativa de ir con su madre.
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Mariela Altamirano (Madre): Se defiende de las acusaciones afirmando que ella protegió al niño y que fue víctima de violencia de género. “Yo no maté a mi hijo. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo? No”, sostuvo, alegando que el niño simplemente dejó de respirar el pasado domingo.
La autopsia y la responsabilidad judicial
El fiscal Facundo Oribones confirmó que la autopsia reveló “diversos traumatismos en la zona craneal”, los cuales serían recientes. Este hallazgo es clave, ya que determinará si las lesiones fueron accidentales o fruto de una agresión voluntaria.
Por su parte, el jefe de fiscales, Cristian Olazábal, aclaró que en el ámbito penal no existían alertas previas o denuncias activas que hicieran sospechar un riesgo inminente para el menor, ya que causas anteriores habían sido archivadas. Sin embargo, el expediente del fuero de familia, manejado por el juez Pérez, ha sido anexado a la causa penal para analizar si se ignoraron señales de peligro durante el proceso de tenencia.
De momento, Mariela Altamirano y su pareja permanecen bajo vigilancia policial y con prohibición de salida de la ciudad, a la espera del informe histopatológico que definirá sus situaciones procesales.
