Un juicio por presunta usurpación contra Soledad Cayunao, integrante de la Lof Cayunao, reveló un oscuro entramado de compra de tierras estratégicas por parte de capitales extranjeros en la zona de seguridad de frontera de Río Negro.
El denunciante, Hugo Alberto Barabucci, confesó ante la justicia haber adquirido el campo de 14.000 hectáreas, donde nacen cursos de agua vitales para la región, gracias a una «donación» no restituible de dos millones de dólares proveniente del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Organizaciones ambientalistas y comunidades originarias alertan sobre el «saqueo» y la extranjerización de recursos hídricos esenciales.
La instancia de juicio oral en la causa por presunta usurpación con «despojo parcial» contra Soledad Cayunao, iniciada hace tres años, tomó un giro inesperado y escandaloso este martes. Lo que comenzó como una acusación por un supuesto ingreso «clandestino» a un campo ubicado al este de El Bolsón, terminó exponiendo la impune apropiación de miles de hectáreas estratégicas en las nacientes del Río Chubut por parte de intereses foráneos, presuntamente representados por un testaferro argentino.
Durante la audiencia, el denunciante y titular de las tierras, Hugo Alberto Barabucci, admitió ante una pregunta específica de la defensa que compró el predio en 2017 utilizando una «donación» no restituible del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), mencionando un monto de dos millones de dólares. Esta confesión, cargada de simbolismo y gravedad política, encendió las alarmas de referentes mapuches y organizaciones ambientalistas presentes en la sala, quienes cuestionan desde hace tiempo el avance extranjero sobre esta zona crítica para la biodiversidad y el abastecimiento de agua de toda la cuenca río abajo.
VIOLACIÓN DE LA LEY DE TIERRAS Y CUESTIONAMIENTOS A LA LEGITIMIDAD DE LA COMPRA
Ante la revelación, el abogado defensor de Cayunao, Martín Palumbo, apuntó directamente al trasfondo político del juicio y solicitó que el antecedente sea remitido al Ministerio Público Fiscal para investigar la legitimidad de la compra. Según Palumbo, la adquisición violaría la Ley 26.737 de Tierras Rurales (cuya derogación por DNU fue declarada inconstitucional), la cual prohíbe que extranjeros, ya sea de forma directa o «por interpósita persona», adquieran tierras en zonas de seguridad de frontera, definidas como las ubicadas a menos de 100 kilómetros de un límite internacional. El campo en cuestión, situado en el paraje Alto Río Chubut, se encuentra a solo 45 kilómetros en línea recta del límite con Chile.
Mientras ningún fiscal ni poder judicial parece cuestionar esta presunta apropiación ilegal por parte de capitales extranjeros, la justicia avanza con determinación contra Soledad Cayunao, acusada de usurpar el territorio que su familia y comunidades habitan ancestralmente. La defensa pidió su absolución, subrayando que «no existió dolo ni desapoderamiento» y que Cayunao solo circuló por esos campos en busca de sus animales, en ejercicio de una costumbre «ancestral». Además, señalaron que los propios peones del campo de 14.000 hectáreas admitieron que había sectores sin alambrar y que nadie sabía con precisión por dónde pasaban los límites, desmoronando la acusación de un ingreso «clandestino» o desproposito.
EL AGUA COMO «TESORO VIVO» Y EL RIESGO DE INTERVENCIÓN FORÁNEA
El conflicto de fondo excede la disputa territorial y se centra en el control del agua. El lonko Mauro Millán testificó sobre la importancia vital del agua y la biodiversidad en la zona de las nacientes del Río Chubut, calificándolas de «tesoros vivos» fundamentales «para mapuches y no mapuches» que viven río abajo. Advirtió que «las altas cumbres y las nacientes de ríos no deben ser intervenidas» ni expuestas a «intereses foráneos». Por su parte, Moira Millán comparó lo que se discute en este juicio con los debates actuales sobre la Ley de Glaciares.
Actualmente, el campo de Barabucci funciona como un coto de caza habilitado para la cría de ciervos colorados, según explicó el administrador Andrés Saint Antonin. Mientras la fiscalía y la querella insisten en la culpabilidad de Cayunao, basándose en testimonios de empleados y la escribana sobre un «campamento» montado dentro del predio y la negativa a retirarse, la defensa sostiene que «la acusación es forzada».
El caso expone la profunda desigualdad ante la ley: la criminalización de una mujer mapuche por ejercer prácticas ancestrales en busca de sus animales, frente a la impunidad de un empresario que confiesa haber comprado tierras estratégicas y protegidas con fondos millonarios de una potencia extranjera.
