Rusia atrapada en un campo de concentración digital.
El régimen de Vladimir Putin ha cruzado un nuevo límite en su política de control social con la restricción masiva del acceso a internet móvil en Moscú y otras grandes ciudades. Desde principios de marzo, la población enfrenta bloqueos generalizados en servicios vitales como pagos electrónicos, aplicaciones bancarias, plataformas educativas, mapas y mensajería privada. Estas medidas no solo alteran profundamente la vida diaria, sino que buscan cercenar la capacidad de los rusos para informarse y comunicarse al margen de los estrictos canales aprobados por el Estado.
La transición hacia las listas blancas y el apagón
El Kremlin abandonó la táctica de censurar sitios web específicos para pasar a bloquear casi la totalidad de la red móvil, elaborando listas blancas con los pocos servicios que permanecen accesibles, como el pago de impuestos o el delivery de comida. Bajo la excusa oficial de protegerse contra ataques de drones ucranianos, la censura golpea incluso a ciudades que no registran actividad militar reciente. Andrei Soldatov, analista ruso en el exilio y coautor de The Red Web, afirmó al diario El Mundo que el gobierno «está intentando modificar el comportamiento de la gente; no se trata de que no accedan, sino de reeducarles en la manera en la que usan internet».
Según detalla Soldatov, la estrategia combina omnipresencia y ambigüedad, creando un escenario donde el Estado puede saberlo todo, pero nadie conoce con precisión dónde termina la tolerancia oficial. El teléfono móvil, al igual que las fotocopiadoras en la era soviética, es ahora el objetivo principal de las autoridades para aislar a los ciudadanos de narrativas alternativas y controlarlos.
El impacto trasciende la política y golpea la cotidianidad. Los cortes recurrentes en el centro de Moscú desde el 5 de marzo obligan a los habitantes a buscar alternativas para tareas simples. Alexander Isavnin, activista y defensor de las libertades digitales en Rusia, relató al mismo medio español: «Llevamos un año con interferencias en el GPS, así que hay que trazar el itinerario con antelación de la manera tradicional y usar las señales». Isavnin ilustró el nivel de desconexión detallando su propia experiencia al intentar actualizar su correo: «Incluso en la oficina municipal no había internet; en el café de la esquina, tampoco. Pero en cuanto salías fuera del anillo la conexión regresaba».
La app Max: el espía en el bolsillo de los ciudadanos
A este apagón se suma la imposición de la aplicación estatal Max, lanzada en marzo de 2025 por el regulador de comunicaciones Roskomnadzor. Esta plataforma es ahora la única vía obligatoria para acceder al portal estatal Gosuslugi y la herramienta exclusiva para que los grupos de padres se organicen en los colegios. La resistencia ciudadana ante este avance no se ha hecho esperar. Lidia, una osteópata de Krasnoyarsk, fue tajante al respecto: «No me voy a instalar esa aplicación por nada del mundo, es como tener al gobierno dentro de tu iPhone».
Los expertos en seguridad digital respaldan plenamente este temor ciudadano. Soldatov advirtió que «lo más peligroso es que en cuanto lo instalas empieza a espiar tu teléfono, informará de que usas servicios VPN», lo que podría desencadenar duras represalias. Además, agregó un dato alarmante sobre el uso de otras vías de comunicación: «Facebook y Whatsapp ya se consideran extremistas, y en Rusia no puedes verte envuelto en eso».
Competencia entre el FSB y Roskomnadzor
Esta asfixia digital es fruto de la convergencia de intereses entre Roskomnadzor y el Servicio Federal de Seguridad (FSB). Mientras el regulador impone los bloqueos masivos y las listas blancas, el FSB prioriza la reducción de riesgos operativos sin medir el desgaste social. «El FSB no piensa en términos de costes políticos, sino sólo en si una medida puede reducir riesgos, aunque sea en un 1%», explicó Soldatov, evidenciando que bajo la excusa de la seguridad se justifica cualquier limitación. El analista, actualmente buscado por las autoridades rusas, asegura que el aparato de vigilancia se ha perfeccionado drásticamente: «El sistema es más sofisticado de lo que describimos en The Red Web en aquel momento».
Descontento social y represión preventiva
Las consecuencias de este endurecimiento son evidentes. Las empresas ven paralizadas sus actividades operativas y la población, en especial los sectores más jóvenes, acumula frustración. Un sondeo reciente de Russian Field expuso que el 83% de los adolescentes consultados reaccionó de manera negativa a las restricciones y casi la mitad manifestó sentir ira. Aunque las protestas son incipientes en una sociedad atemorizada, la maquinaria estatal actúa de forma implacable. Isavnin sostiene que «las autoridades locales tienen tanto miedo que están arrestando a los organizadores incluso antes de que las protestas lleguen a producirse».
Para muchos habitantes, la situación cruzó el límite de lo tolerable, forzando decisiones drásticas. Elena, una profesora que había regresado a Rusia tras el inicio de la guerra, confesó su desesperación: «Ahora estoy incomunicada y convencida de que quiero irme para siempre». Las contundentes palabras del activista Isavnin resumen el oscuro panorama de esta nueva era impuesta por Putin en previsión a futuras crisis: «Estamos, en la práctica, en un campo de concentración digital, Internet se deteriora de manera totalmente imprevisible día a día».