En una decisión judicial sin precedentes que marca un antes y un después en la jurisprudencia sanitaria del país, la Justicia Federal determinó que la muerte de una joven cordobesa de 24 años fue consecuencia directa de los efectos adversos de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19
El dictamen interrumpe un extenso vacío legal y establece la primera responsabilidad civil validada en los tribunales argentinos respecto a las consecuencias letales derivadas de los planes de inmunización de emergencia.
La histórica resolución fue dictada por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, al fallar a favor de la demanda impulsada por María Virginia Ruiz, madre de la víctima. El tribunal de alzada ratificó que el fallecimiento de Melín Agustina Sartori, ocurrido el 29 de julio de 2021, se produjo por un cuadro severo de trombosis con trombocitopenia inducido de forma inmediata por la aplicación de la primera dosis del componente de origen ruso.
El nexo clínico y una indemnización millonaria contra Salud
El fallo, que lleva las firmas de los magistrados Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Avalos, estipula de manera categórica que el evento letal se encuentra intrínsecamente relacionado con la colocación del biológico. En consecuencia, de quedar firme la sentencia, el Ministerio de Salud de la Nación se verá obligado a resarcir económicamente a la familia con un monto equivalente a 240 haberes mínimos jubilatorios, cifra que en la actualidad ronda los 95 millones de pesos.
Para alcanzar esta determinación, los camaristas evaluaron informes médicos concluyentes que acreditaron el perfecto estado de salud previo de la joven, quien no registraba ningún tipo de antecedente patológico ni comorbilidades. La confirmación del nexo causal se consolidó luego de que la propia Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa) revisara los antecedentes del caso y, en consonancia con la evolución del consenso científico internacional, reclasificara formalmente el cuadro como un evento adverso directamente asociado a la dosis recibida.
Crónicas de una pérdida y la batalla legal de una madre
Melín Sartori era una deportista activa y acababa de iniciar un emprendimiento familiar de pastas cuando acudió a vacunarse el 15 de julio de 2021. Seis días después de recibir la dosis, comenzó a manifestar cefaleas agudas y vómitos constantes. Tras ingresar a un centro médico, su diagnóstico evolucionó hacia un deterioro neurológico irreversible que terminó con su vida exactamente dos semanas después de la inoculación. Su defensa técnica subrayó durante el proceso que el fármaco ruso se administró bajo una aprobación excepcional y carecía del monitoreo continuo de farmacovigilancia que habitualmente respalda a las vacunas comerciales.
La acción en los tribunales fue impulsada con firmeza por su madre, médica de profesión, cuyo objetivo principal excedía la reparación económica. Ruiz buscaba encender las alarmas epidemiológicas ante la sospecha inicial de un lote defectuoso y dar visibilidad a los riesgos que enfrentaban los ciudadanos. A casi cinco años de iniciada la causa, la perseverancia familiar logró romper el hermetismo judicial, transformando una tragedia privada en un precedente obligatorio para el derecho médico global.