La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se complica tras las recientes revelaciones en la causa que investiga el origen de sus fondos
En las últimas horas, la justicia puso la lupa sobre nuevos gastos por un monto de 14 millones de pesos destinados a mobiliario de diseño para su departamento en el barrio de Caballito, sumando un nuevo capítulo a la polémica por sus remodelaciones inmobiliarias.
El testimonio clave del contratista
La información surgió directamente del expediente judicial tras la declaración testimonial de Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de las obras del funcionario. Tabar, quien ya había declarado bajo juramento haber cobrado casi 246.000 dólares por la reforma integral de una propiedad en el country Indio Cuá, detalló ahora una segunda etapa de contrataciones.
Según el relato ante el fiscal Gerardo Pollicita, el matrimonio Adorni-Angeletti solicitó trabajos de carpintería de alta gama para su semipiso en la calle Miró al 500. El pedido incluyó piezas exclusivas como mesas de mármol, vajilleros y muebles tipo rack de TV, realizados presuntamente entre finales de 2025 y principios de 2026.
Pagos en efectivo y sin facturación
Uno de los puntos más críticos de la declaración de Tabar radica en la modalidad de pago. El empresario aseguró que los trabajos, que superan los 14 millones de pesos solo en mobiliario, habrían sido abonados en efectivo y sin la emisión de facturas legales.
Esta irregularidad se suma a la controversia por el monto total declarado por el constructor en la vivienda de Exaltación de la Cruz, el cual supera ampliamente el valor de escrituración original de la propiedad, encendiendo las alarmas sobre una posible inconsistencia patrimonial.
Levantamiento del secreto fiscal
Ante la gravedad de los testimonios y la magnitud de las cifras, el juez Ariel Lijo tomó una medida determinante: levantó el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. El objetivo de la justicia es reconstruir de manera precisa el flujo de dinero y verificar si los ingresos declarados por el funcionario coinciden con el nivel de gasto exhibido en sus propiedades.
Desde la Casa Rosada han intentado desestimar las acusaciones, calificando al contratista de «poco creíble» y asegurando que los valores informados en el expediente no se ajustan a la realidad. Sin embargo, la investigación avanza mientras se esperan los cruces de datos fiscales que podrían definir el futuro judicial del jefe de Gabinete.