El Poder Ejecutivo Nacional formalizó el envío al Congreso de la Nación de un ambicioso proyecto de reforma integral para la Ley General de Sociedades
El anuncio fue realizado este viernes por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien detalló que la iniciativa apunta a reemplazar una normativa vigente desde el año 1972, dictada durante el gobierno de facto de Alejandro Lanusse, la cual regula el nacimiento, la vida jurídica y la liquidación de las empresas en el territorio nacional.
El propósito central del oficialismo es revertir un esquema que consideran rígido y anacrónico, restándole facultades de control e intervención al Estado. La propuesta busca instaurar un paradigma moderno fundado en la desregulación y la autonomía de la voluntad de las partes, bajo la premisa rectora de que el estatuto de la firma prevalecerá como norma principal, quedando el texto legal únicamente como un marco supletorio.
Flexibilización comercial y justicia bajo legislación extranjera
Uno de los pilares de la reforma estructural radica en eliminar las trabas burocráticas ligadas al objeto social de las firmas. Con el nuevo texto, una misma sociedad de comercio estará habilitada para diversificar sus operaciones en múltiples rubros sin exigirse una vinculación de actividades entre sí. Inclusive, el proyecto establece que ante la ausencia de una especificación concreta en el estatuto redactado por los socios, se dará por sentado que la firma se encuentra autorizada a desempeñar cualquier tipo de actividad lícita en los mercados.
De manera complementaria, el articulado introduce una modificación de fuerte impacto al autorizar que los conflictos societarios internos puedan dirimirse por fuera de los tribunales de la Justicia local. Las corporaciones argentinas podrán optar por someter sus litigios a la legislación extranjera o apelar a sistemas de arbitraje privado. El ministro trazó un paralelismo con el marco legal de Dubái, destacando que los inversores internacionales contarán ahora en el país con la misma potestad para elegir el régimen jurídico de su preferencia para resolver disputas de negocios.
Sociedades automatizadas por inteligencia artificial y formato digital
La iniciativa gubernamental proyecta la erradicación del soporte físico y el expediente en papel en los trámites corporativos. La propuesta estipula la migración completa hacia un entorno virtual que abarca la constitución societaria mediante firma digital, el establecimiento de domicilios electrónicos, asambleas remotas, registros comerciales digitalizados y legajos corporativos unificados en la web.
No obstante, el punto que despierta mayor atención es la creación de las denominadas «Sociedades Automatizadas». El proyecto busca otorgar reconocimiento oficial y personalidad jurídica con responsabilidad limitada a firmas operadas íntegramente a través de algoritmos e inteligencia artificial, capaces de prescindir de personal humano en sus tareas financieras y comerciales cotidianas. En sintonía con las nuevas tendencias globales, el marco normativo también dará cabida legal a las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), estructuras ligadas al ecosistema de la tecnología blockchain cuyas directrices se ejecutan mediante códigos informáticos y tokens, sin la tradicional presencia de directorios.
Atracción de inversiones globales y burocracia cero
Al fundamentar esta audaz apuesta tecnológica, las autoridades nacionales evocaron el ejemplo de Irlanda, país europeo que consolidó su economía al diseñar un entorno legal y fiscal altamente competitivo para multinacionales informáticas y de propiedad intelectual. Desde el Ejecutivo sostienen que la adaptación de la legislación societaria local permitirá posicionar al territorio nacional como un polo de atracción de envergadura global para las firmas de vanguardia digital.
Finalmente, el paquete legislativo simplifica los procesos de reorganización interna para grupos económicos, habilitando fusiones directas cuando una casa matriz absorbe a una subsidiaria controlada en su totalidad, eliminando la duplicación de asambleas. De acuerdo con el balance final del ministerio, estas herramientas dotarán al ecosistema corporativo de «burocracia cero», disminuyendo los costos de transacción y preparando el derecho comercial local para los desafíos del siglo XXI.