Un feroz cortocircuito institucional desató una ola de indignación y encendió las alarmas en el ámbito legal de la provincia de Chubut.
El ambicioso plan de la cúpula judicial para reestructurar el funcionamiento de los fueros civil, comercial, laboral y de familia provocó una rebelión inmediata por parte de los profesionales que ejercen la matrícula en el terreno. La sorpresiva maniobra de enviar los proyectos de manera directa al parlamento, esquivando el debate previo con los sectores afectados, detonó un escenario de alta tensión corporativa que amenaza con empantanar las leyes clave antes del cierre del año legislativo.
La fuerte resistencia gremial expone una profunda grieta metodológica en la provincia. De esta manera, los abogados de Puerto Madryn reclaman participación frente al paquete de reforma judicial tras denunciar una falta absoluta de apertura y debate en los ateneos preliminares. Las agrupaciones profesionales de la costa manifestaron su total disconformidad y exigen revisar con urgencia los textos técnicos antes de que las comisiones legislativas inicien su tratamiento formal.
Giacomone pateó el tablero: la orden de debatir solo en la Legislatura
Lejos de ceder ante la presión de las delegaciones de profesionales de la ciudad del golfo, el oficialismo judicial ratificó el rumbo de manera tajante. El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Andrés Giacomone, acusó recibo del malestar corporativo pero defendió con firmeza la estrategia elegida por el máximo tribunal. El magistrado confirmó que el cuerpo recibió formalmente las intensas objeciones del sector matriculado, pero decidió derivar de forma definitiva la resolución de la disputa al ámbito exclusivo del Poder Legislativo para evitar que las discusiones técnicas se dupliquen y estanquen el avance de los expedientes.
“Nos pareció que si no se incorporaban las modificaciones, tal vez no iban a querer discutirlo en el ámbito en donde se tienen que dar estas discusiones que es en la Legislatura”, clausurando las mesas de negociación previas en los tribunales. Con esta postura, la conducción judicial fijó al parlamento como el único espacio institucional válido para recibir los aportes tanto de los profesionales matriculados como de los jueces y empleados del sector.
El fin de los juicios eternos: juicios ejecutivos, sucesiones y el modelo platense
El núcleo del paquete de leyes enviado a las comisiones parlamentarias contempla una reingeniería profunda de los denominados códigos procesales no penales de la provincia de Chubut. La reforma incluye medidas de fuerte impacto estructural como la creación de una Cámara Provincial del Trabajo y una modificación integral de las pautas de litigación para acelerar las resoluciones en juicios ejecutivos y sucesorios.
El objetivo prioritario de la judicatura es dotar de herramientas informáticas y audiencias presenciales abreviadas a los magistrados de primera instancia para recortar de forma drástica la duración de los litigios comerciales, optimizando los tiempos de tramitación civil que hoy acumulan demoras excesivas y estiran las sentencias por encima de los tres años de trámite en casos estándar de accidentes de tránsito o juicios por alimentos.
El titular del máximo tribunal provincial reconoció las ventajas comparativas de la velocidad de resolución en los tribunales de Chubut frente al retraso crónico que padecen los departamentos judiciales del norte del país, recordando las diferencias abismales que persisten respecto a la litigación en los tribunales de La Plata, su ciudad de origen.
Sin embargo, la conducción judicial rechazó utilizar la comodidad de esa estadística regional como argumento para postergar la actualización. Los bloques parlamentarios ya definieron que, tras el receso de invierno en el mes de agosto, comenzarán las convocatorias formales en la Legislatura para abrir el debate artículo por artículo.
La cúpula judicial ya avanza en un segundo paquete de enmiendas orientadas a modificar el Código Procesal Penal para otorgar nuevas competencias a las cámaras de apelaciones penales, sumando reformas a la estructura de jueces de refuerzo y una revisión integral de la Ley Orgánica Judicial que mantendrá la atención de los colegios de abogados al rojo vivo durante todo el segundo semestre del año.