La provincia de Santa Cruz enfrenta horas complejas por la continuidad del conflicto salarial con la Policía provincial, un escenario que añade presión directa sobre la gestión del gobernador Claudio Vidal.
A pesar del incremento salarial otorgado recientemente por resolución del Ejecutivo —que eleva el sueldo inicial a $1.746.634 a partir de julio—, los efectivos policiales autoconvocados rechazaron la medida y ratificaron la profundización de sus planes de lucha.
La persistencia de los acampes en Río Gallegos y las movilizaciones en diversos puntos del territorio santacruceño mantienen en vilo la normal prestación del servicio de seguridad pública.
El rechazo a la propuesta oficial y las demandas de la fuerza
La última instancia de negociación entre los representantes de los policías autoconvocados y los funcionarios provinciales fracasó debido a la distancia existente entre la oferta gubernamental y las aspiraciones de los agentes. Desde el sector en protesta exigen de forma unánime que el salario inicial de un agente de base ascienda a los $2,2 millones para equiparar el costo de vida real de la región patagónica.
Los manifestantes argumentan que la recomposición decretada unilateralmente por la administración no cubre las necesidades básicas de las familias policiales en el contexto inflacionario actual. Ante esta situación, resolvieron sostener por tiempo indeterminado las medidas de fuerza en las calles, reclamando además la apertura de una mesa técnica integral que revise la estructura salarial completa, los adicionales específicos de la función y las condiciones laborales generales de la fuerza de seguridad.
Desafío político y financiero para el gobernador Vidal
Para el gobierno de Claudio Vidal, la extensión del conflicto representa un severo contratiempo político. El Ejecutivo provincial buscaba dar por cerrada de manera definitiva la discusión paritaria del sector mediante el último aumento, argumentando que el esfuerzo financiero realizado compromete al límite las cuentas públicas de la provincia.
Sin embargo, al no lograr la adhesión de las bases policiales, el canal de diálogo se mantiene formalmente roto. Los próximos días resultarán determinantes para la gobernabilidad provincial: el Ejecutivo deberá evaluar si convoca a nuevas instancias de mediación o si el conflicto se profundiza con un endurecimiento de las acciones directas por parte de los efectivos autoconvocados.