El frente financiero de La Rioja atraviesa horas decisivas e imprevistas.
En medio de un escenario económico sumamente tirante, la administración provincial conducida por Ricardo Quintela enfrenta un vencimiento de deuda clave por una suma multimillonaria, todo esto mientras la jurisdicción continúa formalmente sumergida en el cesación de pagos. La controvertida política de desembolsos selectivos ejecutada por el Palacio de Hacienda riojano encendió todas las alarmas en el mercado crediticio, exponiendo una severa contradicción presupuestaria que mantiene en vilo a los acreedores locales e internacionales.
Millonario desembolso en pesos para cubrir los títulos RIL32 a 2032
La obligación financiera exige afrontar un desembolso exacto por la cifra de US$ 7.720.439,51 correspondientes al sexto servicio de amortización e intereses de los Títulos de Deuda Pública Clase II RIL32, cuya fecha de vencimiento definitivo está estipulada para el año 2032. Según la documentación oficial firmada de puño y letra por el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas provincial, Orlando Fabián Blanco Gómez, el monto a cancelar se desglosa en US$ 6.125.668 por amortización directa de capital y US$ 1.594.771,51 en concepto de intereses acumulados entre el 21 de enero y el 20 de julio del corriente año.
El compromiso —que cuenta con un valor nominal de origen de US$ 49.005.344 y devenga un rendimiento fijo anual del 7,5%— será cancelado en moneda nacional al tipo de cambio oficial vigente mediante transferencias del Banco Central a la Caja de Valores. Si bien las cuotas de capital comenzaron a liquidarse semestralmente en julio de 2025 bajo un esquema de ocho pagos del 12,5%, el aviso oficial remitido al mercado omitió detallar de qué partidas presupuestarias saldrán los fondos o el stock actualizado de las obligaciones provinciales en divisa extranjera.
Escándalo por el default de los Bonos Verdes y juicios en el exterior
La realización de este pago encendió una fuerte controversia política en el mapa nacional debido al asimétrico comportamiento de la gestión norteña. Mientras cumple regularmente con estos instrumentos pagaderos en pesos, La Rioja permanece hundida en cesación de pagos por los denominados «Bonos Verdes», un paquete financiero emitido originariamente con la meta de financiar las obras del Parque Eólico Arauco. Esta cesación de pagos estalló formalmente en febrero de 2024, cuando la gobernación dejó sin abonar un vencimiento de capital de casi US$ 16 millones.
A raíz de esta morosidad prolongada, los tenedores de bonos colocados bajo ley extranjera activaron agresivas demandas en tribunales internacionales buscando embargar participaciones estatales y activos vinculados al emprendimiento energético. Aunque el gobernador Quintela busca justificar la crisis aduciendo la abrupta caída de las transferencias del Gobierno nacional y el recorte de fondos federales, las decisiones sobre la priorización de pagos recaen exclusivamente sobre su gabinete. Sin resolver el litigio por el Parque Eólico ni conseguir reestructurar los títulos impagos, La Rioja persiste como un caso insólito de default en el país que condiciona severamente su patrimonio.