Denuncian penalmente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por irregularidades en sus declaraciones juradas.
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, presentaron una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025. Los legisladores solicitan que se investigue la posible comisión del delito de falsedad ideológica.
Los puntos centrales de la denuncia
La presentación judicial se fundamenta en supuestas omisiones y datos incorrectos en los informes patrimoniales presentados ante la Oficina Anticorrupción y remitidos al Congreso. Según los denunciantes, el funcionario habría admitido públicamente errores en sus declaraciones originales, aunque argumentó que se trataron de «equivocaciones involuntarias».
Entre los bienes que habrían sido omitidos inicialmente, los legisladores detallan:
- Un inmueble en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz).
- Un departamento en el barrio porteño de Caballito.
- Un inmueble heredado en la ciudad de La Plata.
- Tenencias en criptomonedas y dinero en efectivo por una herencia familiar.
La postura de los legisladores
Para Frade y Ferraro, el hecho de que el funcionario haya corregido sus declaraciones posteriormente no exime de una posible responsabilidad penal. En el escrito, sostienen que:
«Las declaraciones juradas son documentos públicos y cualquier ocultamiento deliberado puede constituir falsedad ideológica».
Además, cuestionaron que Adorni haya sostenido durante meses la validez de sus presentaciones originales antes de reconocer las omisiones, lo que, a criterio de los diputados, afecta los mecanismos de control previstos por la Ley de Ética Pública. La gravedad del caso, señalan, es reforzada por el alto cargo que ocupa el denunciado en el Poder Ejecutivo.
Detalles de la causa
- Alcance: La denuncia busca determinar si existieron omisiones deliberadas y declaraciones falsas en documentos oficiales.
- Pedido: Los legisladores solicitaron una investigación penal profunda y, de comprobarse los hechos, que se apliquen las sanciones correspondientes, incluyendo la posible inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
- Estado: La causa ha sido elevada a la Justicia, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la instrucción penal.