El escándalo por el presunto incremento patrimonial ilícito del jefe de Gabinete de la Nación ingresó en una fase de violencia institucional irreversible.
Lo que comenzó como una serie de denuncias periodísticas sobre declaraciones juradas inconsistentes se transformó en una letal pinza legislativa que amenaza de muerte la continuidad del funcionario más cercano al presidente Javier Milei. La oposición dura y los bloques dialoguistas han unificado sus estrategias para arrastrar al ministro coordinador al banquillo de los acusados, cerrando un cerco parlamentario en ambas cámaras que deja al Poder Ejecutivo sin margen de maniobra.
Esta feroz embestida institucional busca una destitución histórica por vía legislativa. El Senado formalizó su pedido para remover a Manuel Adorni de su cargo a través de un durísimo proyecto de resolución. La jugada, articulada desde la Cámara alta, no hace más que profundizar el descalabro político de un oficialismo que observa con desesperación cómo la sospecha de corrupción unifica a bancadas que habitualmente mantienen posturas irreconciliables.
Plazo de siete días o censura directa: El ultimátum de Mayans
El interbloque Popular del Senado, bajo la conducción estratégica de José Mayans, activó formalmente el mecanismo de presión directa al presentar un proyecto de resolución que exige la convocatoria a una sesión especial urgente. El objetivo explícito de la bancada peronista es forzar la salida inmediata del jefe de ministros debido a las gravísimas “irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones” detectadas en sus rendiciones de bienes presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA). Los senadores diseñaron un cronograma asfixiante: una vez aprobado el texto, Adorni tendrá un plazo máximo e improrrogable de siete días para comparecer en el recinto.
Lejos de dejar margen para la especulación o los faltazos diplomáticos, el peronismo incluyó una cláusula de advertencia destructiva. «En caso de su incomparecencia, la Cámara quede habilitada en forma directa para tratar la mencionada medida en la misma sesión especial convocada a tal efecto», sentenciaron los legisladores a través de un comunicado oficial. De esta manera, los senadores encerraron al funcionario en un callejón sin salida: si decide ausentarse para esquivar las preguntas, el Senado quedará facultado de forma automática para votar su remoción mediante la histórica moción de censura.
La pinza del Congreso y el amparo en el artículo 101 constitucional
Esta ofensiva en la Cámara alta funciona en perfecta sincronía con el masivo frente opositor que se consolidó en la Cámara de Diputados. Apenas 24 horas antes del golpe del Senado, las bancadas de la Cámara baja unificaron criterios y fijaron una sesión especial para el próximo 23 de junio con el mismo eje de conflicto: el «sospechoso incremento patrimonial que experimentó desde que es funcionario público». Mientras en Diputados el pedido ya cuenta con el sustento de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y las firmas clave de Marcela Pagano y Natalia de la Sota, el Senado busca replicar de inmediato este frente común para demostrar un consenso mayoritario e irreversible contra la viabilidad del ministro.
Para blindar institucionalmente el reclamo y evitar acusaciones de golpismo por parte de la Casa Rosada, los senadores recurrieron de forma taxativa al artículo 101 de la Constitución Nacional, dotando de solidez legal la exigencia de explicaciones. El interbloque de Mayans busca que la presión trascienda las fronteras del peronismo y lanzó un abierto desafío al resto de las fuerzas: “Esperamos e instamos a que todas las bancadas que se dicen identificadas con la democracia, la institucionalidad, el republicanismo y la lucha contra la corrupción acompañen nuestro pedido”. Con el ARCA y la OA escrutando cada documento técnico, las próximas semanas serán un verdadero calvario para el hombre fuerte de Milei, cuya caída parece ser el único desenlace posible ante la furia del Palacio Legislativo.