La Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado de la Nación dio dictamen favorable al proyecto de ley impulsado por la senadora nacional Edith Terenzi. La iniciativa propone reformar la Ley 27.623 —sancionada en 2021—, la cual dispuso la transferencia de 525 hectáreas pertenecientes a la Armada Argentina al municipio de Puerto Madryn para su desarrollo urbano.
El dictamen, respaldado por nueve firmas el pasado 17 de junio, avanza de manera directa al orden del día para recibir su tratamiento definitivo en el recinto. El eje central de la reforma apunta a remover una traba legal que limitaba el desarrollo de la zona: la normativa vigente solo permitía el acceso a los lotes a «personas físicas», lo que impedía la radicación de infraestructura de gran escala.
El freno al «barrio dormitorio» y la búsqueda de una «ciudad viva»
De mantenerse el esquema actual, el denominado «Ensanche Sur» corría el riesgo de transformarse en un megabarrio residencial carente de servicios comerciales, médicos o educativos indispensables. Esto se debe a que la construcción de hospitales, escuelas o redes de servicios públicos requiere obligatoriamente de figuras corporativas u organismos institucionales.
Al respecto, en los fundamentos de su presentación, Terenzi argumentó con firmeza:
“La construcción y gestión de infraestructuras complejas no puede recaer solo en individuos”.
La legisladora chubutense añadió que la apertura de la legislación es la única alternativa viable para dotar al sector de un equipamiento que supere la mera vivienda unifamiliar, transformando el predio en una “ciudad viva”.
Los tres cambios clave que introduce el proyecto
La propuesta legislativa introduce modificaciones quirúrgicas sobre tres artículos de la normativa original de 2021:
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Ampliación de usos: Además de soluciones habitacionales, se autoriza formalmente la creación de parques, plazas, áreas comerciales, centros educativos, culturales, asistenciales y complejos deportivos.
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Apertura a personas jurídicas: Se habilita la participación de personas jurídicas, tanto públicas como privadas, en los procesos de subasta o licitación pública. Los requisitos específicos serán regulados por ordenanza del Concejo Deliberante de Puerto Madryn.
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Nuevos plazos y candado antiespeculación: Los adjudicatarios tendrán un plazo máximo de 4 años para construir y 4 años y medio para habitar la propiedad. Asimismo, se fija una restricción de 10 años en los que estará prohibido vender o alquilar el inmueble, protegiendo la tierra de la especulación inmobiliaria.
Más tiempo para las obras de infraestructura municipal
El factor temporal es otro de los puntos críticos que resuelve el proyecto. La ley original estipulaba un límite de 10 años para desarrollar la zona; vencido ese plazo, las tierras debían retornar a la Armada.
Para evitarlo, la iniciativa de Terenzi propone prorrogar dicho plazo por un período equivalente. Esta extensión técnica le otorgará el margen necesario al municipio y a su Unidad Ejecutora para planificar y financiar obras de envergadura, tales como las redes de servicios públicos y las plantas de tratamiento.
Finalmente, la senadora remarcó en el cierre de su propuesta que la ley “no implica erogación presupuestaria para el Estado Nacional”, puesto que se trata de una adecuación de las condiciones de una transferencia de tierras que ya fue previamente aprobada y ejecutada.