Una dramática y desesperada contraofensiva gremial se encendió en las últimas horas en el sector que motoriza el empleo en la Argentina, ante el riesgo inminente de una ola de quiebras masivas en el comercio y la industria.
Frente a los drásticos cambios regulatorios que impulsa el Poder Ejecutivo y un escenario de asfixia financiera que no da tregua, los máximos representantes de las pequeñas y medianas empresas salieron a exigir un escudo de protección legal de extrema urgencia. La movida apunta a congelar de inmediato el acoso impositivo oficial que amenaza con destruir el corazón del entramado productivo nacional.
La drástica e impostergable declaración de alerta institucional se formalizó en los pasillos de la Cámara alta nacional. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó de forma oficial a los presidentes de la totalidad de los bloques del Senado de la Nación que se incorporen con fuerza a los reclamos para frenar las sanciones económicas contra el sector.
El pedido empresarial busca paralizar de forma absoluta la aplicación de multas a las PyMEs mientras se transita el complejo período de espera y debate legislativo de la nueva y polémica Ley de Inocencia Fiscal.
El plan salvavidas de CAME: 48 cuotas y condonación de deudas al 50%
Esta fuerte e histórica presión sobre el Poder Legislativo se da en momentos en que el texto de la normativa impositiva aguarda su inminente tratamiento en el Congreso. La urgencia empresarial se disparó luego de que el propio ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmara públicamente que junto al Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) enviarán un proyecto reformulado al Parlamento, una decisión tomada tras una serie de reuniones de emergencia mantenidas con representantes de asociaciones de contadores de todo el territorio argentino.
Ante este bache temporal y legal, la entidad que conduce Ricardo Diab ya le había girado una intimación previa al Palacio de Hacienda. En dicho documento, la confederación exigió explícitamente incluir de forma complementaria la suspensión inmediata de todas las ejecuciones fiscales y el congelamiento total de los embargos bancarios aplicables al sector.
“Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”, sentenció con severa preocupación el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.
Consumo congelado y la sombra del FMI: El drama de las empresas argentinas
Las demandas pormenorizadas que los empresarios pyme colocaron sobre la mesa de los senadores configuran un verdadero plan de rescate financiero para evitar el colapso de las firmas locales. Entre los puntos clave, CAME solicitó formalmente una reducción del 50% en el valor de las multas vigentes y la creación urgente de un plan especial de pagos que contemple un financiamiento de hasta 48 cuotas consecutivas.
Asimismo, la propuesta exige la condonación del 50% de los intereses devengados hasta la fecha y el establecimiento de una tasa de financiación subsidiada, equivalente a apenas la mitad de la tasa pasiva del Banco Nación.
La ofensiva corporativa de las pequeñas y medianas empresas se desata en un contexto macroeconómico sumamente crítico, signado por un consumo interno marcadamente débil que no logra repuntar en las góndolas y frente a la presión internacional ejercida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que viene exigiendo de manera insistente la ejecución de una reforma tributaria profunda.
“CAME considera indispensable que el Senado atienda la solicitud, a fin de promover las condiciones que contribuyan a preservar el entramado productivo nacional, fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible en un escenario económico de transformación”, concluyeron desde la entidad gremial, dejando la pelota en el terreno de los legisladores.