Un terremoto político sin precedentes coloca al Poder Ejecutivo contra las cuerdas y amenaza con desatar la crisis institucional más profunda en lo que va del mandato libertario.
En una contraofensiva de máxima agresividad parlamentaria, las principales fuerzas políticas del Congreso de la Nación unificaron criterios para activar un mecanismo constitucional de extrema gravedad diseñado para remover de su cargo de manera fulminante al funcionario más cercano al presidente Javier Milei. La estabilidad del gabinete nacional quedó severamente comprometida tras la confesión pública sobre el origen y ocultamiento de su fortuna.
La histórica embestida legislativa se formalizó esta tarde mediante un documento de máxima urgencia. diputados nacionales de un amplio arco opositor presentaron un pedido formal para convocar a una sesión especial el próximo martes 23 de junio a las 14:00 horas.
El objetivo explícito de la convocatoria es someter a una dura interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abrir una batería de pedidos de informes y, fundamentalmente, impulsar una moción de censura para forzar su destitución inmediata ante las escandalosas denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.
El frente anti-Adorni: Quiénes firman la destitución y quiénes eligen la impunidad
La gravedad institucional del planteo unió a sectores ideológicamente distantes en una misma estrategia de destitución. «ADORNI le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales.
Es URGENTE aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional», disparó a través de sus plataformas digitales el bloque de Unión por la Patria, conducido por Germán Martínez, espacio que lidera la moción de censura para decapitar la Jefatura de Gabinete.
A la convocatoria se sumaron las firmas del Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y un ala mayoritaria de Provincias Unidas, sumando los respaldos clave de las legisladoras Natalia de la Sota y la exoficialista Marcela Pagano. En la vereda opuesta, bloques como el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, el MID y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) optaron por el silencio y decidieron no agitar las aguas con la Casa Rosada.
El clima de sospechas cruzadas recalentó el debate público en las últimas horas de este jueves. El diputado socialista Esteban Paulón sentenció de forma tajante que «no hay más excusas posibles» para el ministro coordinador y exigió avanzar sin dilaciones en su remoción por los delitos financieros que se investigan. En un tono aún más dramático, su par de bancada Pablo Juliano catalogó la jornada del 23 de junio como «el día de la revelación», advirtiendo de forma desafiante que en el recinto de la Cámara Baja «se sabrá quiénes son los verdaderos republicanos y quiénes son los que prefieren ser socios de la impunidad».
Rebelión interna: Villarruel, Bullrich y el PRO cercan al jefe de Gabinete
La jugada de Adorni de anunciar en sus redes que recién irá al Senado en julio terminó por dinamitar sus escasos apoyos políticos, desatando una feroz interna dentro del propio oficialismo. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, lo desautorizó por completo al solicitar «en forma fehaciente y formal que el jefe de Gabinete se presente este mismo mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores».
En sintonía, el PRO —aliado natural del Gobierno— emitió un durísimo comunicado exigiendo que el funcionario no posponga tanto tiempo sus explicaciones. Por si fuera poco, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tomó distancia pública de la defensa oficial y catalogó la conducta de su compañero de espacio como una «omisión ética grave».
El foco de la tormenta radica en la brutal autoincriminación televisiva de Adorni, quien admitió públicamente haber ocultado medio millón de dólares al fisco bajo la insólita justificación de que su familia ahorró «en negro, como todos los argentinos».
Su coartada ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita —consistente en afirmar que el dinero provino de una inversión privada de 200.000 dólares en Bitcoin entre 2014 y 2018 que le rindió 300.000 dólares de ganancia— quedó totalmente demolida tras la aparición de archivos fílmicos de esos mismos años donde el propio Adorni desaconsejaba enfáticamente el uso de criptoactivos por su extrema volatilidad.
Con la lupa judicial encima, la Justicia Federal evalúa ampliar su imputación al delito de omisión maliciosa y falsificación de documentos públicos, en una causa que ya acumula escandalosas denuncias por compras de varias propiedades de lujo, refacciones millonarias, un polémico viaje en el avión presidencial con su esposa a Nueva York y traslados privados en jet a Punta del Este con toda su familia.