Un nuevo y explosivo capítulo sacude la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que tiene como principal imputado al jefe de Gabinete de la Nación.
En una maniobra de altísimo impacto fiscal y judicial, se confirmó que la profesional encargada de legalizar las dudosas y multimillonarias transacciones de la familia presidencial decidió blindar sus propios movimientos financieros ante los organismos de control.
El llamativo movimiento en las sombras se ejecutó de forma simultánea a las determinaciones impositivas del funcionario, alimentando las sospechas de un presunto plan de encubrimiento cruzado para obstruir la trazabilidad del patrimonio bajo investigación.
La maniobra corporativa encendió de inmediato las alarmas de los peritos contables de los tribunales federales. La escribana Adriana Nechevenko se inscribió formalmente en el Régimen Simplificado de Ganancias.
Los registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prueban de manera fehaciente que la actuaria de confianza del entorno gubernamental solicitó y obtuvo su incorporación a esta modalidad optativa el pasado 22 de mayo bajo el código específico de «Ganancias Simplificadas».
El misterioso blindaje de ARCA un mes después de declarar ante la Justicia
La fecha de inscripción de la profesional no parece una mera coincidencia temporal y desató una ola de suspicacias en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py. El salvoconducto fiscal fue tramitado por la escribana exactamente un mes después de haber tenido que presentarse a declarar en calidad de testigo dentro de la causa penal que acorrala al funcionario libertario. Nechevenko se vio obligada a comparecer ante los magistrados luego de que se comprobara el estrecho vínculo comercial que la une con el matrimonio del ministro coordinador, habiendo ratificado en sede judicial que tanto Manuel Adorni como su esposa, Bettina Angeletti, son clientes directos de su estudio notarial.
El punto que mayor preocupación genera entre los investigadores radica en que esta cuestionada movida tributaria se realizó de forma estrictamente paralela con la determinación que tomaron el propio Adorni y su mujer de refugiarse en el mismo beneficio impositivo, amparados bajo la polémica Ley de Inocencia Fiscal. Al acogerse en masa a este esquema especial, ni el funcionario de Javier Milei, ni su esposa, ni ahora su escribana de confianza, estarán legalmente obligados a detallar ante el Estado sus consumos anuales, variaciones patrimoniales, gastos de lujo, ni el verdadero origen de su patrimonio; datos que constituyen el corazón de la causa judicial iniciada a comienzos de este año.
Lavada de manos: «Yo solo certifiqué las compras de Caballito y el country»
La estrategia de defensa de la actuaria ya había sumado tensión al expediente a principios de este año. Durante su declaración testimonial brindada ante los tribunales el pasado 8 de abril, Nechevenko ensayó una drástica lavada de manos al desligar de forma absoluta su responsabilidad profesional sobre la procedencia de los dólares utilizados por el matrimonio Adorni-Angeletti. Ante las preguntas de los fiscales, la mujer se limitó a afirmar de manera tajante que su tarea técnica se redujo exclusivamente a certificar los contratos de compra-venta de las valiosas propiedades inmobiliarias que posee el funcionario público.
Los documentos bajo la lupa de la Justicia y validados por la profesional registran la adquisición de un costoso departamento ubicado en el exclusivo barrio porteño de Caballito, además de una imponente propiedad residencial situada dentro del country Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. Con esta nueva maniobra de ocultamiento masivo de datos respaldada por el régimen simplificado de ARCA, la Justicia penal evalúa nuevas medidas de fuerza para evitar que la Ley de Inocencia Fiscal se convierta en un agujero negro que sepulte las pruebas del presunto enriquecimiento ilícito en la cúspide del poder político.