El gobierno de los Estados Unidos aplicó una nueva ronda de restricciones financieras contra la República de Cuba.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, oficializó este martes la inclusión en la lista de sanciones de cinco corporaciones estratégicas —tres de ellas subordinadas al conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA)— junto con una integrante del entorno familiar de los expresidentes Castro.
Las medidas punitivas se implementaron bajo el amparo de la Orden Ejecutiva dictada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026. Según detalló Rubio en un comunicado oficial, las disposiciones apuntan “a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
El esquema de las nuevas sanciones de Washington
El Departamento de Estado norteamericano fundamentó la designación alegando que GAESA “sigue funcionando como el brazo financiero del aparato de seguridad represivo del régimen cubano”. La ofensiva económica del país norteamericano se divide en tres ejes operativos:
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Estructura financiera y logística: “Dos de las entidades designadas hoy son instituciones financieras vinculadas a GAESA que se dedican a mover dinero en nombre del régimen, y una es una empresa de logística vinculada a GAESA que ejecuta las órdenes del régimen en toda la isla”, especificó el secretario de Estado.
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Explotación de recursos naturales: La Casa Blanca incluyó a corporaciones que comercializan materias primas fuera del país. “También estoy designando a dos entidades adicionales que generan ingresos para Cuba mediante la explotación de las reservas minerales y metálicas de la isla, incluida la empresa estatal cubana GeoMinera”, reza el documento de la cancillería estadounidense.
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Bloqueo individualizado: La sanción personal recayó sobre Annalie Lilliam Rueda Cardero, cónyuge de Alejandro Castro Espín y nuera de Raúl Castro. Según la administración estadounidense, “estas entidades y actores financian, facilitan o se benefician de las actividades perniciosas del régimen, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”.
Este movimiento complementa el endurecimiento de la política exterior estadounidense hacia la isla caribeña, el cual sumó a inicios de junio sanciones secundarias restrictivas para compañías y entidades bancarias de terceros países que operen con corporaciones cubanas.
La fuerte réplica del Gobierno de Cuba
La respuesta oficial por parte de las autoridades de La Habana no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó de manera categórica las medidas emitidas desde Washington y desestimó el impacto político que busca la administración estadounidense.
El canciller cubano afirmó que la isla ha demostrado ser “más fuerte, capaz y eficaz” de lo que el funcionario estadounidense esperaba “frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el pueblo y sus condiciones de vida”. En un fuerte descargo institucional, el diplomático cubano sentenció que “lo que impulsa este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen”.
