El ministro de Economía cruzó las críticas de la oposición y afirmó que la medida generará «un ahorro enorme»
El decreto presidencial prorroga la jurisdicción a los tribunales de Nueva York.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, salió al cruce de las críticas tras la publicación del decreto que autoriza al Palacio de Hacienda a tomar financiamiento internacional por un total de u$s5.000 millones. El funcionario defendió de forma categórica la medida, definiéndola como «un ahorro enorme para los argentinos», y aclaró de manera tajante el carácter técnico de la operación: “No es nueva deuda, sino refinanciamiento, y al 6% de tasa”.
La controversia se desató luego de que el Gobierno nacional formalizara el Decreto 478/2026. A través de su cuenta en la plataforma X (antes Twitter), el titular de la cartera económica le respondió a un usuario de perfil opositor, recordándole que la administración de Javier Milei canceló deuda neta «por us20.000 millones» gracias al drástico cierre de «un déficit consolidado de 15 puntos del PIB» heredado de la gestión anterior. «Ustedes, solamente en su último mandato, endeudaron al país en us177.000 millones, a tasas del 45 por ciento en dólares», disparó el ministro.
El aval del Banco Mundial y los tribunales de Nueva York
La operación financiera se concreta a menos de diez días de que el Banco Mundial le otorgara al gobierno argentino una garantía clave por u$s2.000 millones para respaldar su regreso formal a los mercados internacionales de crédito. Con ese aval técnico, el presidente Javier Milei, el ministro Caputo y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estamparon la firma para habilitar los préstamos internacionales con el respaldo de los organismos multilaterales.
Uno de los puntos más debatidos de la normativa es la prórroga de jurisdicción. El decreto autoriza formalmente a incluir cláusulas que dejen cualquier controversia legal futura bajo la órbita de los tribunales federales y estatales de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Esto implica que la República Argentina renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción ante eventuales reclamos judiciales en el exterior vinculados a estos contratos, un mecanismo habitual en este tipo de ingeniería financiera de colocación de deuda soberana.
Qué establece el decreto para cuidar los bienes del Estado
Según lo especificado en los considerandos del Boletín Oficial, el objetivo prioritario de la medida económica es reducir de forma drástica el costo de financiamiento del Tesoro Nacional. Al contar con las garantías parciales de las entidades multilaterales de crédito, la Argentina logra acceder a tasas de interés mucho más bajas y pagaderas en el mediano plazo en comparación con los índices vigentes de riesgo país.
A pesar de ceder la competencia judicial a los tribunales neoyorquinos, el articulado del decreto fija límites estrictos y cerrojos legales para proteger los activos estratégicos de la Nación. El texto gubernamental aclara de manera taxativa que el país no renuncia a la inmunidad de ejecución sobre sus bienes públicos esenciales, salvaguardando el patrimonio nacional, los recursos naturales, las reservas operativas y las propiedades del Estado ante cualquier intento de embargo o reclamo de los acreedores extranjeros.