El vicegobernador Gustavo Menna detalló que el acuerdo con YPF supera los u$s 80 millones. Incluye u$s 25 millones por pasivos ambientales y 102 vehículos.
El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, brindó detalles precisos sobre el entendimiento alcanzado entre el Gobierno provincial y la petrolera YPF, el cual será tratado en la Legislatura el próximo jueves. En medio de las tensiones políticas con el municipio de Comodoro Rivadavia por el destino de los activos, Menna precisó que el valor total de la operatoria supera los 80 millones de dólares, combinando transferencias inmobiliarias, equipamiento logístico y un fondo millonario para remediación ambiental.
Distribución de bienes y equipamiento para seguridad
El paquete acordado contempla la transferencia definitiva a la Provincia de bienes estratégicos que actualmente pertenecen a la compañía, entre los que destaca el histórico edificio de la Administración central ubicado en Kilómetro 3. Con respecto a las entidades intermedias, clubes y asociaciones vecinales que hoy ocupan tierras de YPF, el vicegobernador aseguró que continuarán en sus espacios y podrán tramitar la regularización dominial mediante títulos otorgados por el Estado provincial.
Asimismo, el acuerdo incorpora una flota de 102 vehículos, compuestos mayoritariamente por camionetas operativas. Menna confirmó que estos rodados serán destinados en su totalidad al servicio de seguridad de la Policía del Chubut dentro del ámbito de Comodoro Rivadavia, ratificando los esquemas logísticos previamente esbozados por la cartera de seguridad provincial.
Compensación por pasivos ambientales y marco legal
Uno de los ejes centrales del documento es la asignación de 25 millones de dólares en concepto de compensación ambiental, una cifra destinada a mitigar el impacto de la actividad convencional en las áreas de retiro de la operadora. Al respecto, Menna trazó un paralelo cronológico con la renegociación hidrocarburífera del año 2013, recordando que en aquel entonces se habían estimado pasivos por 20 millones de dólares con una ventana de revisión hasta 2017 que finalmente nunca se ejecutó de forma superior.
En el plano jurídico, el funcionario aclaró que los daños ambientales generados con anterioridad a la privatización de la empresa en 1991, de acuerdo con la legislación federal, son responsabilidad del Estado Nacional y no de la actual YPF S.A., delimitando el alcance de los reclamos técnicos factibles. Además, recordó que la cláusula de salida que posibilitó el retiro de la empresa hacia inversiones en Vaca Muerta ya estaba contemplada en los contratos firmados hace más de una década.
Duras críticas al municipio por el acuerdo del VDEPIN
El vicegobernador reservó sus declaraciones más severas para cuestionar la gestión municipal previa respecto a la condonación del VDEPIN (el tributo por la indisponibilidad de tierras afectadas por la actividad petrolera). Según Menna, el municipio resignó un cobro legítimo que ya había superado con éxito las instancias judiciales correspondientes.
«Renunciaron a cobrar lo que ya se había devengado. Lo condonaron a cambio de una pileta de natación. La verdad que ya de solo decirlo suena vergonzoso por lo desproporcionado. Fue un acuerdo de una lesividad total para el Estado municipal», fustigó el mandatario.
Finalmente, el titular de la Legislatura defendió la intervención del gobernador Ignacio Torres, argumentando que al tratarse de activos de una sociedad anónima privada, YPF disponía de la potestad legal de venderlos al mercado abierto. Gracias a la negociación provincial, concluyó, estos inmuebles y recursos críticos fueron retenidos para el patrimonio de la comunidad comodorense.