El Palacio de Carondelet implementó un severo paquete de medidas de emergencia para intentar contener la ola de criminalidad que afecta a vastas regiones del territorio ecuatoriano. Dispone la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia por el incremento de la violencia criminal.
La disposición presidencial se fundamenta en el diagnóstico técnico de los organismos de inteligencia sobre el despliegue de las bandas narcocriminales. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo «estado de excepción» por 60 días en diez provincias y tres cantones (municipios) del país, por «grave conmoción interna» provocada por el incremento de la violencia criminal, informó el Gobierno.
Una decisión adoptada por decreto y su alcance geográfico
El marco normativo de la emergencia restringe garantías de raigambre constitucional en las zonas geográficas con mayores tasas de homicidios del país. Una decisión adoptada por decreto. La decisión fue adoptada mediante un Decreto Ejecutivo firmado por el mandatario, en el que se dispone la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, todas ubicadas en la región Costa.
El cordón de intervención federal se proyecta sobre distritos neurálgicos y centros urbanos de alta densidad demográfica, expandiendo el control militar hacia el interior y el norte de la nación. La medida se extiende además a las provincias de Azuay (sur), Pichincha (centro-norte), donde se encuentra la capital, Quito; Santo Domingo de los Tsáchilas (centro-norte) y Sucumbíos (Amazonía, norte del país).
Asimismo, las jefaturas comunales de áreas periféricas e interandinas quedarán sujetas a las mismas prerrogativas de control que rigen en los distritos portuarios. También alcanza a los cantones La Maná, en la provincia de Cotopaxi (Sierra centro); Las Naves, en la provincia andina de Bolívar; y La Troncal, en la provincia de Cañar (centro).
Operativos policiales y recolección de inteligencia estratégica
La reconfiguración jurídica le otorga potestades especiales a las patrullas conjuntas para actuar con celeridad ante sospechas fundadas en zonas residenciales o comerciales. El mandatario ecuatoriano explicó que la medida permitirá a las fuerzas de seguridad ejecutar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de que, al interior de un inmueble, se oculten integrantes de grupos armados organizados o de estructuras de delincuencia organizada.
Las inspecciones se orientarán de manera prioritaria al decomiso de pertrechos de guerra y cargamentos logísticos de las bandas transnacionales. Además, cuando se presuma la existencia de armas, municiones, explosivos o sustancias sujetas a fiscalización, sigue la crónica de Xinhua que toma la Agencia Noticias Argentinas para la elaboración de este informe.
El esquema de emergencia no solo habilita el despliegue físico de las tropas en las calles, sino que robustece el rol de las agencias informáticas del Estado. La disposición permitirá la identificación, análisis y recopilación de información considerada indispensable para prevenir o neutralizar amenazas.
Otros alcances del decreto presidencial y las estadísticas de la violencia
La nueva normativa faculta a las fuerzas operativas para incautar recursos de procedencia dudosa que sirvan al fortalecimiento logístico de los batallones de control. Otros alcances del decreto presidencial. El decreto presidencial también dispone la requisición temporal de bienes y servicios de origen ilícito, que resulten estrictamente necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones de las fuerzas de seguridad.
Los considerandos de la medida exponen un salto cuantitativo en los índices de delincuencia durante las primeras semanas del mes en curso, consolidando un panorama de vulnerabilidad civil. Según el decreto, entre el 1 y el 12 de junio pasado, se registró un incremento significativo de hechos violentos, ataques armados y actividades delictivas atribuidas a grupos armados organizados y de delincuencia organizada, lo que generó una considerable alarma social.
La caracterización de los delitos da cuenta de una estructura criminal polirrubro que jaquea tanto la paz social como el andamiaje macroeconómico del país andino. Indicó que los hechos perpetrados, como asesinatos, homicidios, secuestro extorsivo, robos y narcotráfico, “continúan produciendo una conmoción social, reflejando desasosiego e intranquilidad”, además de afectar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas.
Para concluir, las autoridades gubernamentales justificaron el empleo directo de efectivos de combate bajo el amparo de la legislación de emergencia para restablecer la paz pública. Por lo tanto, señaló que es imprescindible y necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas mediante mecanismos excepcionales con el fin de “disminuir el estupor ciudadano”.