La conducción del oficialismo puso en marcha un dispositivo de contención política ante el riesgo de que las principales bancadas dialoguistas habiliten el debate sobre la continuidad del funcionario.
Los negociadores del oficialismo son Martín Menem, Diego Santilli y Patricia Bullrich. Activaron contactos con referentes parlamentarios que cuestionaron al jefe de Gabinete. Las dudas de la Casa Rosada ante la iniciativa de la oposición.
A pesar de sostener un discurso de tranquilidad en el plano público, el Poder Ejecutivo aceleró las gestiones informales para evitar que el conflicto escale en el recinto. En Casa Rosada desestiman que la avanzada de la oposición en el Congreso para remover a Manuel Adorni prospere. Sin embargo, reconocen que el escenario podría cambiar en cualquier momento y la reciente presión pública de los bloques aliados forzó a iniciar conversaciones para blindar al jefe de Gabinete.
El frente judicial del ministro coordinador continúa impactando en la solidez del armado parlamentario que el Gobierno necesita para consolidar sus reformas. Pese al respaldo total de Javier Milei y su hermana Karina, las explicaciones de Adorni sobre su crecimiento patrimonial abrieron nuevos frentes en la arena legislativa. Tanto en el Senado como en Diputados, la oposición busca interpelar al funcionario en el recinto. Se trata de un proceso previsto en la Constitución que podría derivar en una moción de censura, es decir, una destitución.
Desde el entorno directo del imputado relativizan la viabilidad numérica del planteo opositor, argumentando que las exigencias reglamentarias operan como un resguardo institucional. “No va a prosperar”, se limitaron a contestar cerca del ministro coordinador, amparados en la mayoría absoluta de 129 votos en la Cámara baja y de 37 en la alta que requeriría la oposición para tener éxito.
Evaluaciones de riesgo y plazos en la Cámara Baja
La línea discursiva del gabinete nacional se apoya en la premisa de que los bloques tradicionales mantendrán la cohesión frente a los sectores más duros del arco opositor. Esa mirada es compartida por otros integrantes del Gabinete, que aseguraron a TN que la amenaza de interpelación no fue evaluada como un “riesgo serio” en la última reunión de la mesa política celebrada el jueves pasado en Balcarce 50.
“No creo que los aliados cooperen con el kirchnerismo en atacar al Gobierno”, sostienen desde el Gabinete. Sin embargo, habituados a la dinámica política, admiten que no existen garantías y que todo podría cambiar hasta 12 horas antes de la sesión convocada por Unión por la Patria para el 23 de junio en Diputados.
Frente a esta volatilidad temporal, la jefatura del espacio gubernamental delegó la ingeniería de acuerdos en un trinomio técnico con llegada directa a los despachos opositores. Para que no haya sobresaltos, los principales negociadores del Gobierno, Martín Menem, Diego Santilli y Patricia Bullrich, iniciaron contactos con sus socios parlamentarios, que vienen de alzar la voz contra el jefe de Gabinete.
Posicionamientos de los bloques dialoguistas
Las justificaciones ofrecidas por el titular de la Jefatura de Gabinete respecto al origen de sus fondos generaron un quiebre en los sectores que habitualmente actúan como soporte del oficialismo. Luego de que el ministro coordinador reconociera haber omitido en sus declaraciones juradas alrededor de US$500 mil -justificados en ahorros en “negro”, una herencia de su padre y fuertes inversione en bitcoin-, los principales aliados del Gobierno salieron a condenar públicamente al funcionario.
El pronunciamiento formal de Propuesta Republicana expuso una tensión interna de carácter ético que debilita el alineamiento ciego con las directivas de la Casa Rosada. “Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, afirmaron desde el PRO a través de un duro comunicado que hizo pública una posición que muchos dirigentes venían deslizando en privado.
Por su parte, el centenario partido adoptó una línea doctrinaria similar, remarcando que la función ejecutiva demanda estándares de transparencia superiores. Los legisladores de la UCR replicaron la postura y afirmaron que “las declaraciones del jefe de Gabinete revisten una gravedad ética incompatible con el deber de ejemplaridad que exige el ejercicio de una de las más altas funciones del Estado”.
A pesar de la severidad de los cuestionamientos, el dilema parlamentario pasa ahora por el costo de convalidar la sesión especial sin una resolución previa del Ejecutivo. Sin embargo, en ambos espacios evitaron definir hasta el momento si habilitarán o no la interpelación contra Adorni. “La sesión sería la otra semana. Esperamos que el Gobierno defina algo antes de decidir una postura”, afirmaron desde la bancada del PRO que conduce Cristian Ritondo, donde aseguraron que todavía no mantuvieron contactos con el oficialismo sobre el tema.
Escenarios reglamentarios y paridad técnica
La estrategia defensiva del oficialismo confía en la complejidad del reglamento de la Cámara para neutralizar el tratamiento sobre tablas, aunque vigila de cerca la alternativa de un emplazamiento de comisiones. En el mientras tanto, los negociadores de la Casa Rosada aseguraron que tanto en Diputados como en el Senado la oposición necesitará reunir dos tercios para discutir la interpelación en el recinto.
La atomización del voto en las distintas cámaras obliga a desglosar el cálculo político por separado, reconociendo que los márgenes de maniobra son diferenciados según el distrito legislativo. “Deberían ponerse todos de acuerdo. En el Senado depende de la UCR que tienen 10 votos”, explican en la bancada de La Libertad Avanza de la cámara alta. Mientrs tanto, en Diputados, un legislador violeta analiza un escenario “más complicado”. En ese contexto, las conversaciones preliminares recién están comenzando.