En una jornada cargada de una profunda sensibilidad política e histórica, la República Argentina conmemora este martes una de sus páginas más oscuras y sangrientas.
Siete décadas después de que el propio cielo de la Capital Federal se transformara en un infierno de fuego y metralla, el reclamo de justicia de las familias damnificadas sigue chocando contra un denso muro de impunidad legal. Sin embargo, los actos previstos para rendir homenaje a las cientos de almas civiles masacradas sufrieron una alteración de último momento que sacudió los planes de los organismos de derechos humanos.
La conmemoración oficial de esta fecha patria se vio afectada por una triste pérdida en el ámbito del activismo social. La Multisectorial por la Memoria Histórica debió reprogramar la convocatoria prevista para este martes en el centro porteño. Al cumplirse exactamente 71 años del bombardeo a Plaza de Mayo, las organizaciones sociales y sindicales decidieron postergar el mitin con fecha pendiente de confirmación, debido al reciente fallecimiento de la emblemática referente social Taty Almeida.
El trágico saldo de un ataque criminal que buscaba asesinar a Perón
El luctuoso episodio se remonta al martes 16 de junio de 1955. Alrededor de las 11:30 de la mañana, aviones pertenecientes a la Marina de Guerra y a la Aeronáutica de la República Argentina traicionaron su juramento constitucional y comenzaron a realizar vuelos rasantes, arrojando toneladas de explosivos sobre la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. El objetivo militar explícito de las fuerzas golpistas era matar al entonces presidente Juan Domingo Perón; sin embargo, el saldo lamentable e indiscriminado fueron más de 300 víctimas fatales y un piso de 1.200 heridos inocentes que transitaban la zona realizando sus tareas como un día cualquiera.
A través de un documento oficial masivo, la Multisectorial —integrada por familiares de las víctimas del bombardeo del ’55, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, gremios de la CGT y las CTAs, movimientos sociales de la UTEP y organizaciones culturales— alzó la voz: «Esta masacre constituyó uno de los episodios más trágicos de la historia argentina, provocó más de 300 fallecidos, miles de heridos, graves daños materiales y significó un brutal ataque contra el orden democrático». El colectivo manifestó su enérgico repudio y exigencia de verdad frente a un crimen que desangró al pueblo argentino.
El freno a los juicios de lesa humanidad en la era de Javier Milei
A pesar de la extrema gravedad institucional de lo acontecido en pleno centro porteño, la historia argentina arrastra el estigma de que nunca hubo un juicio formal ni condenados por las bombas. Cuando se cumplieron sesenta y ocho años de la masacre, la entonces Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intentó romper la inercia judicial y pidió formalmente que se investigue el ataque como un crimen de lesa humanidad. Mediante la presentación de un escrito en el Juzgado Federal N° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Estado solicitó un «juicio por la verdad» para reparar moralmente a las familias tras décadas de impunidad generalizada.
Sin embargo, ese intento de reparación histórica sufrió un golpe de gracia institucional con el recambio de signo político en la Casa Rosada. La administración de Javier Milei, a poco de asumir sus funciones ejecutivas, cambió de rango al organismo de Derechos Humanos, despidió a una gran cantidad de personal técnico y canceló la inmensa mayoría de los programas de investigación y asistencia. Desde las agrupaciones de víctimas advierten que, a pesar de las drásticas políticas de ajuste del Gobierno actual, el deseo de establecer de forma oficial la verdad histórica seguirá siendo un motivo de lucha inquebrantable en las calles.