El rechazo en frontera de una comitiva multipartidaria de legisladores argentinos desencadenó un cruce de acusaciones internacionales y reclamos de intervención consular.
La delegación llegó a La Paz pero fue detenida en el aeropuerto por agentes de la Dirección de Migraciones, que argumentaron irregularidades en el trámite migratorio. Luego los trasladaron a Santa Cruz de las Sierras, desde donde fueron deportados.
El incidente se produjo en un escenario de extrema sensibilidad interna dentro del Estado Plurinacional, afectado por prolongados conflictos sociales. Diputados argentinos del peronismo y la izquierda denunciaron que fueron expulsados de Bolivia tras integrar una misión que viajó al país para documentar denuncias de represión en el marco de protestas que se prolongan desde hace más de un mes.
Detalles de la retención en la terminal aérea
Los testimonios recogidos en el lugar de los hechos dieron cuenta de un procedimiento restrictivo sin justificaciones administrativas inmediatas en la principal estación aérea boliviana. La delegación llegó al aeropuerto de La Paz, donde agentes de la Dirección de Migraciones les retuvieron los documentos y les impidieron el ingreso al territorio boliviano. Según relataron los propios integrantes en un video grabado en el aeropuerto, las autoridades no ofrecieron explicación alguna y pretendieron trasladarlos a una sala de inadmitidos, lo que los delegados rechazaron. Posteriormente fueron llevados a Santa Cruz de la Sierra, desde donde fueron deportados de regreso a la Argentina.
El arco político opositor argentino reaccionó de inmediato exigiendo el respaldo del cuerpo consular para resguardar las condiciones edilicias y de traslado de sus pares de bancada. El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, fue uno de los afectados. Su par del mismo bloque, el diputado Germán Martínez, precisó a través de su cuenta en la red social X que Marino había viajado con una invitación formal de la Asamblea Plurinacional y que ya había completado los trámites migratorios en Santa Cruz antes de ser retenido en La Paz. “Exigimos a las autoridades bolivianas que nuestro compañero pueda realizar las tareas para las que fue invitado”, escribió Martínez, quien además exhortó a las autoridades consulares argentinas a garantizar “su libertad e integridad física”.
Por su parte, otros referentes legislativos demandaron que se revirtiera la prohibición de ingreso para dar cumplimiento a los objetivos de auditoría civil previstos. El diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, también denunció la situación en sus redes. Señaló que la misión había viajado para constatar denuncias presentadas por organizaciones que participan de las protestas. Del Caño exigió que la delegación pudiera ingresar “de manera inmediata”.
Testimonios y objetivos de la comitiva civil
Entre las integrantes retenidas se encontraba Alejandra Barry, legisladora porteña del Frente de Izquierda e hija de desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Barry habló en el video grabado en el aeropuerto paceño: “Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación”, afirmó. La legisladora subrayó que el propósito de la misión era “relevar, poder hacer un informe, poder acercarnos a todas las víctimas y a todos los que están siendo vulnerados sus derechos por ejercer su legítimo derecho de protesta”.
Los alcances del relevamiento también pretendían documentar presuntos apremios ilegales sufridos por manifestantes locales en dependencias estatales. También formaba parte de la delegación Ailen Beraldo, integrante de la comisión directiva del sindicato docente Ademys. En el mismo registro, Beraldo detalló que la misión se enmarcaba en denuncias de torturas a detenidos, persecución de manifestantes y situaciones irregulares en centros de reclusión.
Respaldo oficialista en Bolivia y acusaciones de injerencia
En contraste, la bancada gubernamental boliviana defendió la legitimidad del accionar de sus dependencias migratorias, alegando razones de soberanía jurídica y orden interno. Desde el lado boliviano, legisladores del oficialismo salieron a respaldar la decisión migratoria. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los activistas argentinos que, a su juicio, no respetan la soberanía del país. Sostuvo que la Cancillería boliviana debe asumir cualquier caso de injerencia extranjera en asuntos internos y que Bolivia debe mantener vínculos con otras naciones “sin permitir intromisiones políticas en los conflictos nacionales”.
Otros parlamentarios de los bloques de unidad locales endurecieron los cuestionamientos, interpretando el arribo de la comitiva extranjera como un intento de injerencia desestabilizadora. El diputado boliviano Alejandro Reyes, del bloque Unidad, fue más lejos en sus declaraciones. Afirmó que la llegada de los delegados argentinos “evidencia una coordinación internacional” para desestabilizar a un gobierno democrático y favorecer el retorno de lo que calificó como regímenes autoritarios. Reyes reclamó la expulsión de quienes, según sostuvo, respaldan al expresidente Evo Morales, y pidió además una investigación sobre el financiamiento de los pasajes, la estadía y otros gastos de la delegación.
Desenlace y balance del conflicto interno
El operativo de traslado compulsivo obligó el retorno forzado de los funcionarios a través del sistema comercial aéreo, programándose un descargo público a su arribo a la terminal bonaerense. Marino confirmó el regreso mediante un tuit publicado desde el vuelo: “Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió, y anticipó una conferencia de prensa para las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
La reconstrucción de los hechos provista por corresponsales internacionales ratificó el uso de custodias de seguridad para asegurar el embarque de los ciudadanos argentinos. La agencia EFE informó que los agentes policiales trasladaron por la fuerza al grupo de argentinos hasta un avión que los llevó a la región oriental de Santa Cruz.
El contexto en el que se produjo este rechazo migratorio está marcado por una profunda crisis política y de distribución logística con graves consecuencias humanas y financieras para el Estado andino. De acuerdo a la información proporcionada por EFE, la crisis en Bolivia dejó al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica debido a bloqueos de carreteras, además de pérdidas económicas estimadas en USD 2.500 millones.