Una feroz tormenta judicial y política acaba de desatarse en los tribunales federales, amenazando con herir de muerte la credibilidad del círculo más íntimo del presidente Javier Milei.
La impunidad con la que se manejaban las declaraciones de bienes de los funcionarios de las altas esferas del poder libertario terminó por hacer estallar el tablero legislativo. En una ofensiva fulminante, la oposición formalizó una presentación que busca cercar penalmente al hombre que maneja los hilos de la Jefatura de Ministros, abriendo una instancia de consecuencias institucionales impredecibles.
El avance de los legisladores en los pasillos de Comodoro Py modificó por completo el clima político en el Congreso de la Nación. Diputados denuncian al jefe de Gabinete por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas correspondientes a los períodos fiscales de 2024 y 2025. Los denunciantes sostienen que las omisiones patrimoniales del funcionario nacional no fueron simples distracciones de un novato, sino una maniobra deliberada para esconder una gigantesca e inexplicable fortuna que eludió los controles del Estado argentino.
Falsedad ideológica: El delito que podría inhabilitar a Manuel Adorni
La contundente embestida judicial fue motorizada y firmada de puño y letra por los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro. En el escrito, los legisladores acusan al jefe de Gabinete de haber omitido de forma sistemática activos de gran valor e inmuebles en sus informes obligatorios, además de suministrar información falsa y distorsionada en documentos públicos remitidos al Congreso. Con estas pruebas, solicitaron formalmente la apertura de una investigación penal bajo la tipificación del delito de falsedad ideológica. De comprobarse estas maniobras, el Código Penal prevé duras sanciones que podrían culminar en la inhabilitación absoluta y perpetua del cuestionado funcionario para ejercer cargos públicos.
La génesis de esta grave denuncia se construyó paradójicamente con las propias declaraciones públicas del ministro coordinador. Durante diversas entrevistas periodísticas recientes, Adorni reconoció abiertamente haber cometido serios errores en sus presentaciones patrimoniales iniciales, lo que lo obligó a tramitar rectificaciones de urgencia ante la Oficina Anticorrupción (OA). Según los diputados Frade y Ferraro, el funcionario admitió ante las cámaras no haber informado en tiempo y forma millonarios activos previos a su ingreso a la función estatal, entre los que se destacan frondosas tenencias en criptomonedas y una jugosa herencia familiar en efectivo, sumado a groseras incongruencias en sus registros inmobiliarios.
Fincas en countries y mentiras en el informe del Congreso
La lupa de la Justicia se posará específicamente sobre la presunta ocultación deliberada de al menos tres propiedades inmobiliarias de altísimo valor de mercado. El escrito detalla la omisión de un lujoso inmueble ubicado en el exclusivo country Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz; un departamento en el cotizado barrio porteño de Caballito; y una tercera propiedad adquirida mediante un proceso sucesorio en la ciudad de La Plata. Para los denunciantes de la Coalición Cívica, el hecho de que Adorni haya corrido a enmendar sus declaraciones juradas con posterioridad no borra en absoluto la responsabilidad penal de haber falsificado los documentos públicos originales que firmó ante el fisco.
El accionar del jefe de Gabinete reviste una gravedad ética extrema debido a que sostuvo con soberbia durante meses que su patrimonio estaba en regla, alterando de forma directa los mecanismos de control que estipula la Ley de Ética Pública. La presentación judicial resalta además que estas mismas inconsistencias patrimoniales quedaron plasmadas en el informe oficial de gestión que el propio Adorni brindó de cara a la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril. Los denunciantes aclararon que esta causa marcha por un carril independiente y no se superpone con la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ya tramita en los tribunales federales, dejando el destino del funcionario en manos de un juez que definirá si existen elementos suficientes para ordenar su procesamiento.