Una alarmante crisis sanitaria mantiene en vilo a millones de jubilados en todo el país.
La tensión entre los prestadores privados de salud y el Estado nacional alcanzó su punto más crítico tras un drástico anuncio que amenaza con paralizar la atención médica programada para la tercera edad. Mientras los sanatorios advierten sobre un colapso inminente por falta de fondos e insumos básicos, desde los despachos oficiales se plantaron firmes para desmentir el descalabro financiero, desatando una batalla cruzada que deja a los afiliados rehenes de la incertidumbre.
La alarmante situación escaló de manera formal tras un durísimo comunicado del sector privado de la salud. De acuerdo con el relevamiento de la coyuntura sectorial, el Gobierno descarta problemas económicos en PAMI: “Se está cumpliendo el cronograma de pagos”, salieron a cruzar con fuerza desde el oficialismo. La desmentida oficial busca neutralizar el pánico generalizado luego de que las cámaras médicas denunciaran severas dificultades económicas por parte de la obra social previsional para cumplir con las prestaciones esenciales.
Apagón médico: clínicas suspenden turnos y postergan operaciones
La contraparte privada pintó un panorama verdaderamente desolador para los abuelos. La Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) advirtió sobre la falta de fondos y anunció formalmente la suspensión de la asignación y otorgamiento de nuevos turnos para consultorios externos en todas las especialidades médicas. La entidad empresarial justificó la drástica medida de fuerza al señalar que “sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales”.
La gravedad del corte asistencial no se limita a las consultas. Los prestadores ratificaron que se suspenden por tiempo indeterminado la realización de “cirugías y procedimientos programados” que no revistan carácter de urgencia. CAPRESS aclaró que únicamente mantendrán el seguimiento estricto de aquellos pacientes con patologías crónicas críticas preexistentes para evitar desenlaces fatales, al tiempo que sentenciaron de forma tajante: “Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario que esta situación genera en los afiliados al PAMI”.
Ajuste del 1,9%: la polémica respuesta de la Casa Rosada frente al colapso
Ante las consultas periodísticas en los pasillos de la Casa de Gobierno, calificadas fuentes libertarias se apuraron a desestimar las acusaciones de cesación de pagos. Desde el entorno presidencial recalcaron que la obra social conducida por Esteban Leguízamo “no tiene deuda acumulada con Clínicas y Sanatorios a nivel nacional. El cronograma de pago se viene cumpliendo y lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes”. En el PAMI apuestan de lleno a continuar reordenando el sistema administrativo interno para evitar frentes de conflicto abiertos en el corto y mediano plazo.
Respecto al desesperado reclamo patronal por una actualización de aranceles, en la Casa Rosada confirmaron que se otorgaron aumentos del 1,9% para junio y julio respectivamente. Si bien el porcentaje fue considerado «insuficiente» por el mercado de salud, las autoridades adelantaron una tregua: “Los vamos a volver a convocar para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario”. La Mesa Ejecutiva del organismo previsional buscará destrabar el conflicto en las próximas semanas antes de que el desabastecimiento de insumos y los paros patronales terminen de hacer colapsar las guardias de todo el territorio nacional.