Un terremoto político y penal sacude con fuerza a los sectores de la oposición y de los movimientos sociales en la Argentina.
La Justicia Federal avanzó de forma implacable y contundente contra una de las figuras más combativas del arco kirchnerista, propinándole un revés judicial histórico que marca un precedente directo en el tratamiento de las protestas radicales. La resolución rompe con la inercia penal y pone en jaque el futuro inmediato del dirigente con una millonaria sanción económica que busca castigar el desacato a las instituciones públicas.
La fuerte resolución en los tribunales de Comodoro Py ha generado conmoción en el escenario institucional del país. Se constató oficialmente cómo Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón, un violento episodio que ocurrió el pasado 7 de junio de 2025 y que terminó con heridos, desmanes y un fuerte desafío a las fuerzas de seguridad del Estado.
Los delitos que acorralan al dirigente: «Incito a resistir a la Policía»
El polémico fallo fue dictado por el juez federal Sebastián Ramos, quien imputó formalmente al diputado nacional y líder social Juan Grabois por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad. Según la rigurosa reconstrucción judicial —apoyada en testimonios clave, abundante material audiovisual y documentación oficial—, el magistrado dio por probado que Grabois ingresó de forma clandestina y sin autorización alguna al inmueble estatal, el cual se encontraba cerrado al público bajo la órbita directa del Ministerio de Capital Humano.
Las pruebas recolectadas en el expediente confirman que el dirigente no solo permaneció ilegalmente dentro del edificio por un lapso de dos horas, sino que además asumió un rol activo de liderazgo, incitando a los manifestantes a continuar con la ocupación del lugar y a confrontar directamente la inminente intervención de la Policía. El operativo se dio en un contexto de extrema violencia y alta tensión política, en los días previos a que se ratificara la condena de la causa Vialidad contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Policías con traumas craneales y la millonaria fianza para Grabois
La investigación judicial también avanzó con el procesamiento de Valentín Peralta, otro de los manifestantes imputados, a quien se le adjudican los niveles más altos de confrontación física y agresiones directas contra el personal de seguridad. El expediente incorpora informes médicos del Hospital Churruca que detallan lesiones severas en varios agentes, incluyendo traumatismos craneales, contusiones múltiples y heridas cortantes, lo que sepultó cualquier intento de justificar el hecho como un reclamo pacífico. Ante la gravedad del escenario, el juez Ramos dictó un embargo preventivo de cinco millones de pesos sobre los bienes de Grabois para responder por las responsabilidades civiles del caso.
Desde el entorno legal del dirigente intentaron ensayar una desesperada defensa argumentando que Grabois acudió al lugar únicamente en su rol profesional de abogado para asistir a una cooperativa que opera en un espacio lindero al instituto. Sin embargo, para la Justicia Federal quedó demostrado que su conducta excedió cualquier tarea de asesoramiento legal o rol observacional, transformándose en un instigador activo de la toma. La resolución marca el primer avance penal concreto contra el dirigente por este tipo de hechos, dejando el camino allanado hacia un inminente juicio oral.