El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto de reforma de la Ley de Sociedades que busca desregular profundamente la forma en que se constituyen y operan las empresas en Argentina, incorporando figuras innovadoras como sociedades automatizadas y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, apunta a reducir la intervención estatal y ampliar la libertad contractual de los socios.
Sociedades automatizadas y DAO: el nuevo modelo empresarial
La propuesta introduce la posibilidad de crear “Sociedades Automatizadas”, estructuras que pueden operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin necesidad de empleados en su funcionamiento ordinario. A su vez, se habilitan las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), que podrán ser total o parcialmente autónomas, con participación mediante tokens y registros en tecnología blockchain.
Según lo informado, el eje central del proyecto es terminar con la “tutela” del Estado sobre la organización interna de las sociedades. En ese sentido, las normas pasarían a ser supletorias, dejando que el estatuto de cada empresa tenga prioridad en la definición de su funcionamiento.
Menos controles estatales y más libertad contractual
De acuerdo con los fundamentos presentados por el Ejecutivo, las restricciones estatales serían excepcionales y de interpretación restrictiva. Además, los registros públicos no podrían limitar lo que la ley habilita, eliminando trabas burocráticas en la constitución y operación de sociedades.
El proyecto también establece que el objeto social podrá ser amplio, sin obligación de conexidad entre actividades. Incluso, si no se define un objeto específico en el estatuto, la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.
El ministro Federico Sturzenegger explicó en redes sociales que la reforma busca adaptarse a un contexto dinámico: “menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar”.
Digitalización total y resolución de conflictos internacional
Otro punto clave del proyecto es la digitalización integral de las sociedades. Esto incluye domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución mediante firma digital o electrónica y legajos públicos digitales para cada empresa.
Además, las sociedades podrán acordar que sus conflictos internos se resuelvan bajo derecho extranjero o mediante arbitraje internacional, evitando la intervención de la justicia local en disputas internas.
Un cambio estructural en la lógica empresarial
La iniciativa redefine el marco jurídico societario al priorizar la autonomía privada por sobre la regulación estatal tradicional. En la práctica, busca facilitar la creación de empresas, reducir costos administrativos y permitir estructuras más flexibles adaptadas a la economía digital.
El proyecto ya ingresó al Senado y será debatido en comisión en las próximas semanas, en un contexto de fuerte discusión sobre el alcance de la desregulación económica.
