La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó una profunda actualización en los registros de sustancias psicotrópicas y estupefacientes que quedan sujetas a fiscalización y control especial en todo el territorio argentino
La medida busca blindar la salud pública nacional ante la aparición de nuevas drogas de diseño y derivados sintéticos potencialmente peligrosos.
Disposición oficial y lineamientos internacionales
La reforma técnica se instrumentó mediante la Disposición 3943/2026 del organismo regulador, la cual fue publicada este lunes en el Boletín Oficial bajo la rúbrica de su titular, Luis Fontana. De acuerdo con los considerandos del texto legal, la adecuación responde de forma directa a las directrices y modificaciones impulsadas por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (ONU) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
El nuevo marco normativo alinea los criterios locales con los estándares internacionales de fiscalización química, operando bajo las facultades de control que le otorgan al organismo las Leyes Nacionales 17.818 y 19.303, además del Decreto regulatorio 1490/92.
Las sustancias de diseño que ingresan al control estricto
El anexo técnico complementario detalla la incorporación y el reordenamiento de decenas de compuestos químicos complejos que operan con frecuencia en los mercados ilegales. Entre los principales grupos de drogas alcanzados por la fiscalización especial se destacan:
-
Derivados del fentanilo: Compuestos de alta toxicidad analgésica como el carfentanilo, acetilfentanilo y butirfentanilo.
-
Nuevos opioides sintéticos: Inclusión de potentes sustancias como el protonitaceno y el isotonitaceno.
-
Drogas de diseño y sintéticos: Incorporación del hexahidrocannabinol (HHC), el GHB (ácido gamma-hidroxibutírico) y diversas catinonas.
-
Benzodiacepinas no reguladas: Restricción de circulación para moléculas como bromazolam, etizolam y clonazolam.
Desde la conducción de la ANMAT enfatizaron que el objetivo primordial de esta actualización es «garantizar un elevado nivel de protección de la salud pública nacional», impidiendo desvíos comerciales o vacíos legales en la comercialización de insumos químicos. En el proceso de validación científica y jurídica del nuevo listado intervinieron técnicos del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad.