Una crisis institucional de proporciones inéditas y consecuencias políticas impredecibles estalló en el corazón del Poder Legislativo.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en abierta e implacable rebelión contra el Poder Ejecutivo, unió fuerzas con el partido PRO para acorralar y exigir la comparecencia inmediata del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El conflicto se desató tras el anuncio del funcionario de postergar su visita al Congreso, una jugada que fue interpretada por la oposición y sus propios aliados como una inadmisible declaración de impunidad en medio del escándalo por sus cuentas ocultas.
La feroz pulseada por el control institucional detonó las alarmas en los despachos de la Casa Rosada. Manuel Adorni intentó patear el tablero al anunciar de forma unilateral: «Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno».
La respuesta de los senadores fue una declaración de guerra total, exigiendo que el ministro coordinador se presente de forma obligatoria este mismo mes de junio para rendir cuentas por sus actos.
«Ocultó dinero»: El PRO rompe la alianza por los 500 mil dólares en negro
La paciencia de los bloques aliados se agotó de forma definitiva tras el escándalo patrimonial que salpica al jefe de ministros. Adorni pretende concurrir al Senado tras haber presentado una polémica declaración jurada donde reconoce, de forma explícita, haber mantenido ahorros familiares por un valor de 500.000 dólares fuera del sistema legal. Desde el PRO, partido conducido a nivel nacional por Mauricio Macri, emitieron un durísimo comunicado de repudio: «Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible», sentenciaron de forma implacable.
El titular del bloque macrista en la Cámara alta, Martín Goerling Lara, lideró la ofensiva y presentó una nota formal para obligar al funcionario a someterse al control legislativo de manera urgente. El legislador denunció penal y políticamente la gravedad del asunto a través de sus plataformas digitales: «Desde que asumió en noviembre de 2025, Manuel Adorni nunca vino a rendir cuentas al Senado, como lo exige el artículo 101 de la Constitución Nacional. Presenté una nota para que se lo convoque este mes. Los funcionarios están obligados a rendir cuentas ante el Congreso y ante la sociedad», fustigó, recordando de forma crítica que el último informe previsional recibido en dicha cámara data del lejano 26 de junio de 2025.
Vuelve la guerra: Villarruel invoca la Constitución para desafiar a Milei
La jugada más letal de la jornada la ejecutó la propia presidenta del Senado, Victoria Villarruel, reavivando un feroz enfrentamiento interno con la cúpula del Gobierno de Javier Milei. La vicepresidenta desautorizó por completo la agenda de Adorni e intimó públicamente al funcionario para que «se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional», el cual reza de forma taxativa que el jefe de Gabinete debe concurrir al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar sobre la marcha del Gobierno.
Para ejecutar el cerco político, la vicepresidenta convocó formalmente a una reunión clave de Labor Parlamentaria para el próximo miércoles. En dicho encuentro con los jefes de bancada —donde el interbloque peronista conducido por José Mayans también alineará sus votos contra el Gobierno— se fijará la fecha exacta de la interpelación y se discutirá un temario caliente que incluye pliegos judiciales y propiedad privada para la sesión del jueves subsiguiente. Mientras Adorni se escuda en que su única presentación formal ocurrió en abril ante la Cámara de Diputados —sesión a la que asistió blindado por el presidente Milei—, el Senado se prepara para convertir su postergada visita en un durísimo tribunal político.