Una bomba de tiempo financiera está explotando silenciosamente en las calles argentinas, afectando directamente a miles de repartidores de plataformas digitales.
Ante la imposibilidad absoluta de acceder al circuito bancario tradicional por no contar con un scoring crediticio clásico, una alarmante cantidad de cadetes está quedando atrapada en un peligroso círculo vicioso de financiamiento interno manejado por las propias corporaciones para las que prestan servicios.
Tasas usureras del 700% y el control invisible del algoritmo financiero
La situación de vulnerabilidad económica que padecen los repartidores de plataformas de cadetería ha tomado un giro dramático. De acuerdo con los datos gremiales proporcionados por la conducción del sindicato Sitrarepa, las tasas de interés anuales que aplican estas aplicaciones de delivery para otorgar financiamiento directo pueden alcanzar un escandaloso 700 por ciento. La secretaria general del gremio, Belén D’Ambrosio, denunció públicamente que estos créditos se otorgan bajo una modalidad selectiva, apuntando de forma estratégica a aquellos trabajadores que ya acumulan jornadas extenuantes y muchas horas de conectividad activa dentro del sistema.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso la lupa sobre este fenómeno global dentro de la denominada «economía gig» o de plataformas de servicios a corto plazo. La autoridad monetaria confirmó que el número de deudores dentro de este ecosistema digital se disparó un arrollador 122% durante el año 2025, consolidando una tendencia que ya venía registrando una suba previa del 177%. Los técnicos del Central determinaron que el scoring alternativo para habilitar los fondos se basa puramente en métricas de rendimiento interno, como la antigüedad, la tasa de aceptación de viajes y la calificación de los usuarios. Bajo este perverso esquema de financiamiento propio a su base operativa, la deuda promedio para los monotributistas independientes se ubicó en torno a los 900.000 pesos per cápita a fines de 2025, representando este sector el 54% de los tomadores de créditos y más del 62% del saldo total otorgado en el mercado informal.
Convenios corporativos y jornadas inhumanas para pagar la moto
El negocio del financiamiento digital no para de ramificarse hacia los comercios adheridos a las aplicaciones, quienes llegan a recibir préstamos con montos promedio hasta siete veces superiores al de los repartidores. En este contexto de expansión financiera no bancaria, las grandes firmas del sector mueven sus fichas: el Banco Galicia concretó una alianza estratégica con Rappi para brindar soluciones globales de pago y bancarización, mientras que la multinacional PedidosYa detalló que desde la apertura de sus líneas de crédito ya otorgó 57 mil préstamos por un total de 84 millones de dólares, direccionando el 54% a locales gastronómicos y ofreciendo a los repartidores planes a seis meses que no pueden comprometer más del 30% de sus ingresos estimados.
El verdadero costo humano detrás de estas facilidades operativas, cuya finalidad principal suele ser la compra o reparación de las motocicletas y bicicletas necesarias para trabajar, se traduce en una precarización absoluta. En declaraciones brindadas al matutino Clarín, D’Ambrosio alertó sobre el nivel de sometimiento que sufren los trabajadores, quienes se ven obligados a extender sus jornadas laborales entre 10 y 12 horas corridas únicamente para cubrir los costos fijos y las cuotas de los préstamos, percibiendo comisiones fijas muy bajas de entre 1.500 y 3.000 pesos por envío, totalmente independientes del valor total del pedido. Ante esta dependencia extrema, el sindicato exige de forma urgente una intervención y regulación directa por parte del Estado para frenar el abuso financiero de las corporaciones tecnológicas.