La crisis en el sistema judicial de Comodoro Rivadavia ha tocado fondo, obligando a una intervención drástica.
Tras una rigurosa investigación de 60 días dispuesta por la corte provincial, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJ) dictó el Acuerdo Plenario N° 5659/2026 para reestructurar de manera urgente los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETIs), donde se detectaron demoras alarmantes y fallas graves en la atención de casos críticos de violencia.
El alarmante resultado de la auditoría a los ETIs
Los detalles de este alarmante panorama se dieron a conocer en una conferencia de prensa en la Sala “Carmen Argibay” de la Ciudad Judicial. Allí, la Dra. María Marta Nieto, Presidenta de la Cámara de Apelaciones y líder del proceso de auditoría, expuso cómo se evaluaron los recursos materiales, humanos y de gestión de los ETIs tras analizar exhaustivamente más de 30 expedientes de alta complejidad.
La magistrada expuso que los equipos no funcionan aislados, «sino que es parte de un sistema de protección de derechos», apuntando a la interacción con el fuero de familia, los Servicios de Protección de Derechos y las Oficinas de Adopción. Pese a que se concluyó que en los últimos tres años el ETI contó con los recursos necesarios, la gestión interna demostró fallas inadmisibles que desataron la inmediata intervención del STJ.
Turnos a largo plazo en plena emergencia por violencia
Uno de los puntos más escandalosos de la auditoría radica en la pésima gestión de tiempos frente a situaciones de vulnerabilidad extrema. Se constató que ante denuncias de violencia con medidas vigentes y una intervención ordenada por el juzgado, el equipo generaba turnos a muy largo plazo y postergaba las entrevistas clave de las víctimas.
Para frenar estos desvíos, el STJ ya implementa una estricta guía de buenas prácticas y un protocolo de actuación que busca agilizar la agenda y prohibir turnos que dilaten decisiones urgentes. Asimismo, se exigió que los ETIs se mantengan estrictamente en el ámbito de su competencia para evitar la superposición de tareas con otros organismos estatales.
Jueces en la mira por «borrarse» y automatizar fallos
La purga judicial no se limitó a los equipos técnicos; las duras medidas también cayeron sobre los propios juzgados de familia. La auditoría ordenó terminar con «la automatización de los requerimientos» y exigió una mayor presencia de los magistrados en los casos concretos, criticando duramente el «corrimiento» de la figura del juez frente a la conflictividad familiar.
A esto se suma la alarmante fragmentación de la información: una misma problemática familiar solía generar múltiples expedientes separados (alimentos, comunicación, violencia), lo que obstaculizaba la labor de la asesoría. La jueza auditora Nieto reconoció abiertamente que el sistema actual «no está funcionando bien y es mejorable», sentenciando la necesidad urgente de un trato más humanizado y menos robótico. Por este motivo, se instruyó de forma obligatoria a todos los operadores judiciales a capacitarse en una perspectiva amplia de vulnerabilidad que incluya y escuche verdaderamente a niños, personas con discapacidad y adultos mayores.