Un verdadero escándalo institucional de proporciones sísmicas sacude las estructuras del poder político nacional.
En una resolución nocturna de máxima gravedad, las autoridades de los tribunales federales dictaron una medida restrictiva fronteriza de urgencia contra el exjefe de Gabinete para evitar que evada el accionar de la ley, en el marco de una investigación penal que avanza a paso firme por la presunta comisión de delitos de corrupción pública.
Cerca de la indagatoria: el juez Ariel Lijo ordenó el cerco fronterizo
La Justicia Federal le prohibió la salida del país al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras constatar la existencia de un creciente e inminente riesgo de fuga hacia la República Oriental del Uruguay. La drástica medida cautelar fue dispuesta durante las últimas horas del viernes por el juez federal Ariel Lijo, haciendo lugar de forma inmediata a un dictamen de alerta presentado por el fiscal Gerardo Pollicita. A partir de este momento, el exfuncionario tendrá estrictamente vedada la posibilidad de abandonar el territorio argentino y deberá requerir una autorización expresa y fundada si pretende viajar al exterior.
Esta perimetral aduanera representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py. La citación en el banquillo de los acusados resulta inminente y podría concretarse de manera formal en el transcurso de los próximos días debido al cúmulo de inconsistencias financieras halladas en su contra en el expediente donde se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Dólares en negro y audios bomba: las pruebas que acorralan al exfuncionario
El foco central de la causa penal se posa de forma detallada sobre diversos gastos corrientes efectuados por Adorni mientras se desempeñaba en la cúspide de la función pública, detectándose operatorias insólitas como consumos abonados con las tarjetas de crédito personales de sus secretarias. Las autoridades evalúan de forma pormenorizada constantes viajes locales e internacionales, la adquisición de suntuosas propiedades, notables desfasajes en sus declaraciones juradas y, muy especialmente, las costosas refacciones de una vivienda en el country del barrio privado Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.
El expediente judicial cobró un impulso definitivo tras la explosiva declaración testimonial del constructor Matías Tabar, encargado de las obras en dicho barrio privado, quien confesó ante la fiscalía haber percibido la suma de 245 mil dólares en negro por sus servicios. Apenas dos días después de la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete, la filtración de una serie de mensajes de audio expuso las maniobras del exfuncionario para presionar y coordinar un encuentro secreto con el contratista antes de su citación judicial del pasado 4 de mayo. «Mati, querido… te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate… contás con todo, todo, todo lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos», revelaron los escandalosos audios que terminaron por hundir su situación legal.