La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial de Estados Unidos sumó un nuevo capítulo de tensión política y deportiva.
Fuentes vinculadas a los clubes del ascenso sostienen que el expresidente Mauricio Macri habría estado detrás de las versiones sobre una severa sanción de la FIFA contra los futbolistas argentinos, generada a raíz del despliegue de una bandera reivindicando la soberanía de las Islas Malvinas tras el triunfo ante Inglaterra.
En los sectores alineados con la conducción de Claudio «Chiqui» Tapia interpretan que estas maniobras buscan debilitar la estructura actual de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para acelerar el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el país.
La interna política por el modelo del fútbol argentino
Desde el entorno de las instituciones deportivas argumentan que Macri, en su rol de titular de la Fundación FIFA desde 2020 y con llegada directa a Gianni Infantino, cuenta con la capacidad de influir en las discusiones de la entidad madre del fútbol mundial. Según esta hipótesis, el objetivo de fondo apuntaría a propiciar el fracaso del proyecto conducido por Tapia para reconfigurar el mapa institucional de los clubes.
Las especulaciones sobre supuestas sanciones con suspensiones de hasta diez años afectaron el clima previo al partido decisivo frente al conjunto español. De acuerdo con testimonios de familiares del plantel en el vuelo de regreso al país, la advertencia sobre eventuales castigos por una «manifestación política» existió y condicionó el ánimo de los futbolistas en la previa, aunque descartaron cualquier vinculación con el resultado deportivo.
Frente al rol del organismo europeo en este contexto, dirigentes de la AFA cuestionaron el origen de las presiones recibidas:
“Qué le importa la AFA a la UEFA, es Macri el que está detrás de esto”, deslizaron fuentes dirigenciales del fútbol nacional sobre el alcance de las gestiones atribuidas al líder del PRO.
Cruces por la investigación judicial en Estados Unidos
La controversia coincidió con el desmentido de la AFA ante versiones periodísticas que daban cuenta de un supuesto requerimiento de la Justicia estadounidense para incautar teléfonos de la conducción del fútbol argentino.
En rigor, la causa judicial en tribunales norteamericanos derivó en un apercibimiento al empresario Guillermo Tofoni —denunciante de Tapia y Pablo Toviggino—, a quien la Justicia le exigió explicaciones y el resguardo de documentación bancaria protegida que habría sido difundida de forma indebida hacia la prensa y juzgados locales.
Las fricciones en torno al modelo de gestión del fútbol argentino se reactivan en un momento sensible, reabriendo la disputa entre el esquema tradicional de asociaciones civiles y los proyectos orientados a la privatización de las instituciones deportivas.