El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que busca imponer un marco regulatorio federal único para la inteligencia artificial, bloqueando la posibilidad de que los 50 estados legislen de forma independiente sobre esta tecnología.
Esta medida, impulsada por la Casa Blanca y apoyada por los gigantes de Silicon Valley, se enfrenta a un amplio escepticismo político y a un fuerte desafío legal.
Un marco nacional para competir con China
La lógica central de la orden ejecutiva, titulada «Garantizar un marco político nacional para la inteligencia artificial», es la competencia geopolítica. Durante la ceremonia de firma en la Oficina Oval, Trump afirmó que la IA estadounidense «no tendrá éxito si no hay una única fuente de aprobación o desaprobación» y que no puede haber «50 fuentes distintas» . Subrayó que en la carrera tecnológica con China, «estamos mucho más avanzados» y que «ahora mismo, estamos ganando» .
Will Scharf, jefe de personal de la Casa Blanca, explicó que el decreto ordena a agencias del Gobierno «tomar medidas decisivas para asegurar que la IA pueda operar dentro de un marco nacional único» en lugar de estar sujeta a una regulación estatal que «podría potencialmente paralizar la industria» . Esta visión fue promovida por David Sacks, asesor de la Casa Blanca en IA y criptomonedas, quien argumenta que un mosaico de leyes estatales ralentizaría la innovación y perjudicaría la competitividad nacional .
El fuerte respaldo de la industria tecnológica
La decisión de Trump representa una victoria clara para las principales empresas de tecnología, que han ejercido presión durante meses contra la regulación fragmentada. Líderes del sector como Sam Altman (CEO de OpenAI), Jensen Huang (CEO de Nvidia) y Sundar Pichai (CEO de Google) han expresado públicamente su apoyo a un marco federal único .
Altman, quien en el pasado fue un crítico feroz de Trump, ahora elogia su enfoque «pro-negocios y pro-innovación» y ha donado un millón de dólares al comité inaugural del presidente . Por su parte, Huang advirtió recientemente a los legisladores que «la regulación estatal de la IA paralizaría esta industria y generaría problemas de seguridad nacional» .
Escepticismo político y el arduo camino legal por delante
Sin embargo, el decreto enfrenta una oposición significativa y su legalidad está en entredicho. La orden llega después de que el Congreso, controlado por los republicanos, se negara en dos ocasiones a aprobar iniciativas legislativas similares que habrían anulado las leyes estatales sobre IA . Expertos legales señalan que una orden ejecutiva no tiene la autoridad para anular leyes estatales; ese poder reside exclusivamente en el Congreso .
La medida ha generado divisiones incluso dentro del Partido Republicano. Mientras figuras como el senador Ted Cruz la apoyan, gobernadores como Ron DeSantis (Florida) y Spencer Cox (Utah) han defendido el derecho de los estados a legislar, especialmente en áreas sensibles como la protección infantil . Críticos como Brad Carson, de Americans for Responsible Innovation, anticipan que la orden «se topará con una pared en los tribunales» .
Para hacer cumplir su voluntad, la orden ejecutiva crea un «Grupo de Trabajo de Litigios de IA» dentro del Departamento de Justicia, con el mandato de demandar a los estados por sus leyes de IA consideradas «onerosas» . No obstante, se ha aclarado que el Gobierno no impugnará regulaciones estatales enfocadas en la «seguridad infantil» .
Con este decreto, la administración Trump apuesta por una estrategia de desregulación para impulsar la innovación estadounidense, pero el debate sobre cómo gobernar una tecnología tan transformadora —y potencialmente riesgosa— está lejos de terminar. La batalla final no se librará en la Casa Blanca, sino probablemente en los tribunales y en el Congreso. Información extraída del medio DW.
