El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a cargo de la ejecución de la condena de la causa Vialidad, dispuso una nueva tanda de embargos preventivos y medidas cautelares sobre propiedades, vehículos, cuentas y activos societarios vinculados a Cristina Kirchner y a otros condenados.
La decisión se enmarca en una segunda etapa del proceso patrimonial con el que se busca preservar bienes para afrontar el decomiso fijado en la sentencia, fijado en $685.000 millones.
Entre los inmuebles alcanzados por la resolución figura el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, lugar donde la expresidenta cumple el arresto domiciliario. La unidad pertenece a Los Sauces S.A., la firma inmobiliaria de la familia Kirchner investigada previamente en causas de lavado de dinero.
Frente al alcance de la medida, los jueces aclararon que la disposición no implica un remate inmediato ni la pérdida automática de la titularidad del bien. Según explicaron los magistrados, la finalidad cautelar busca evitar que los activos sean transferidos, gravados o retirados de la jurisdicción mientras se tramita la ejecución definitiva. La resolución lleva las firmas de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
El origen del dinero, la cesión a terceros y los argumentos del tribunal
Para fundamentar la ampliación de los embargos, el tribunal se remitió a las conclusiones de la sentencia condenatoria, donde se dio por acreditado que las maniobras con la obra pública vial «generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner».
Asimismo, los magistrados destacaron que en la investigación quedó demostrada «una conexión económica y comercial comprobada» mediante el alquiler y la explotación turística de instalaciones a través de firmas como Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. Bajo esa premisa, el tribunal sostuvo que el dinero proveniente del ilícito «circuló y se asentó en los activos de esas sociedades».
Para respaldar el alcance hacia participaciones societarias y cesiones familiares, la resolución aplicó las previsiones del Código Penal:
«El artículo 23 autoriza a alcanzar a las personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado por el producto o provecho del delito. Bienes transmitidos gratuitamente a terceros: La norma también habilita a ir tras activos o participaciones que hayan sido cedidos o transmitidos de forma gratuita a terceros», fundamentaron los jueces.
Bajo este criterio, el TOF 2 ratificó que las cesiones gratuitas de acciones hacia Máximo y Florencia Kirchner no obstaculizan la traba de embargos ni su eventual ejecución patrimonial.
144 activos bajo análisis, propiedades de lujo y US$ 5 millones en la mira
Esta segunda etapa cautelar comprende un paquete de 144 bienes entre inmuebles, vehículos, paquetes accionarios y fondos líquidos. El listado incluye:
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Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires: Además del departamento de Monserrat, la medida abarca un dúplex con cinco cocheras y otro departamento con dos cocheras en el Complejo Madero Center de Puerto Madero, que tuvieron como inquilino al empresario Cristóbal López.
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Propiedades en Santa Cruz: Terrenos y propiedades en El Calafate, el predio del Hotel La Aldea en El Chaltén y diversos inmuebles en Río Gallegos, entre los que se encuentra el chalet sobre la costanera y residencias en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.
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Fondos bancarios: Se incluyeron los más de US$ 5 millones hallados en la caja de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco Galicia durante las inspecciones de la causa Hotesur, sobre los cuales la Justicia sostuvo que la familia «no logró acreditar el origen lícito de esas divisas».
Esta nómina se suma a la primera tanda de 111 propiedades (20 vinculadas a la familia Kirchner y 85 a Lázaro Báez) cuyo decomiso fuera solicitado por el fiscal Diego Luciani y que actualmente se encuentra bajo la revisión de la Corte Suprema de Justicia tras las apelaciones presentadas por las defensas.