La parálisis de la obra pública en la Argentina derivó en una explosiva presentación judicial que promete sacudir los cimientos del poder central.
Una gravísima acusación penal apunta de lleno contra las máximas autoridades económicas y viales del país por haber montado, presuntamente, una colosal maniobra financiera con fondos que legalmente debían usarse para reparar caminos y salvar vidas.
El billonario botín del SISVIAL colocado en plazos fijos y bonos
La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, sacudió los tribunales federales al presentar una denuncia de altísimo impacto contra funcionarios clave del Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco de la Nación Argentina (BNA). La presentación judicial exige investigar maniobras que encuadrarían en delitos brutales: malversación agravada de fondos públicos, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles.
El foco de la tormenta radica en la supuesta retención ilegítima de los recursos con asignación específica del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). De acuerdo con la documentación oficial anexada a la causa, al 31 de mayo de 2026 el fondo acumulaba la escalofriante cifra de más de 1,001 billones de pesos volcados enteramente a inversiones financieras en plazos fijos y títulos públicos, mientras que otros 37.761 millones de pesos permanecían sospechosamente inmovilizados en cuentas bancarias. En total, más de 1,038 billones de pesos quedaron congelados sin usarse para las rutas nacionales.
Los datos duros expuestos en la demanda exponen un vaciamiento real de la gestión. En dos años y medio, la recaudación destinada al fideicomiso vial trepó a 1,503 billones de pesos, pero el Gobierno solo ejecutó 394.406 millones para obras físicas, arrojando una alarmante subejecución del 73,8%. Para colmo, se sospecha que una parte de los impuestos específicos directamente no ingresó nunca a la cuenta fiduciaria, lo que abrió una línea de investigación secreta sobre el destino final de la plata.
Rutas de la muerte: obras paralizadas en Buenos Aires y fondos timbeados
La denuncia judicial hace especial hincapié en el abandono de los proyectos de las rutas nacionales 3 y 5 en suelo bonaerense, las cuales contaban con financiamiento parcial de un crédito internacional de la CAF (11744). Los planes consistían en transformar en autovías tramos críticos y de altísima siniestralidad como Mercedes–Variante Suipacha en la RN5, y San Miguel del Monte–Gorchs en la RN3.
A pesar de que el acuerdo con el organismo externo obligaba a la Argentina a poner una contraparte local del 30% frente al 70% internacional, las auditorías de 2024 desnudaron un escandaloso 0% de ejecución de los aportes nacionales, manteniendo la plata del SISVIAL colocada en la timba financiera. “Mientras miles de argentinos mueren en las rutas, Caputo y Wasserman timbean la plata”, fustigó Tolosa Paz en sus declaraciones más combativas.
Las cifras de avance físico a mayo de 2026 rozan el abandono: el tramo Mercedes-Variante Suipacha de la RN5 apenas muestra un progreso del 16,89% y un 11,36% de ejecución financiera. Peor aún, el segmento lindante con la RP 41 hasta el kilómetro 104 reportaba a diciembre de 2025 un mísero 0,88% de avance, a pesar de que su contrato vencía en octubre de ese mismo año. Por su parte, la RN3 apenas lograba un 26,95% de desarrollo en el sector de San Miguel del Monte a Gorchs. Ante este desolador panorama, la legisladora exigió urgentes medidas cautelares para resguardar pruebas, correos electrónicos, órdenes bancarias y registros contables desde enero de 2024 para evitar cualquier intento de destrucción de documentos.