En la previa de una sesión clave para el Poder Ejecutivo en la Cámara alta, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, comunicó las modificaciones de última hora introducidas en la denominada Ley de Tierras.
El dictamen de consenso contó con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales.
«Pusimos un límite de 25% a la compra de tierras para extranjeros. Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo de tierra, punto», remarcó la jefa de la bancada oficialista al detallar los principales ejes de la propuesta.
En respuesta a los cuestionamientos de la oposición, Bullrich enfatizó la postura institucional del oficialismo: «Acá no nos van a correr a nosotros con la soberanía. Sabemos muy bien lo que es, por eso cuidamos a las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de proteger las fronteras».
Registros provinciales y restricciones a personas jurídicas
Uno de los puntos centrales expresados en la conferencia de prensa corresponde al artículo 25 del proyecto, el cual establece la obligación de inscribir toda adquisición realizada por particulares en las jurisdicciones locales. La normativa determina que cualquier compra de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá asentarse en el registro inmobiliario de cada provincia, detallando los datos y la nacionalidad del comprador.
«Queremos terminar con los fantasmas. Esta es una ley clara. Hemos llegado a un dictamen común; es un dictamen que nos asemeja a Brasil. Estamos contentos», afirmó Bullrich.
Respecto a las sociedades con intervención pública, la senadora aclaró el nivel de exigencia fijado en el texto definitivo: «Las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias».
Bullrich ponderó el consenso parlamentario alcanzado antes del debate en el recinto: «Esta es una ley clara y concreta, y hemos consensuado con todos los bloques. Estamos contentos con el dictamen; este es el ejercicio de la democracia», sostuvo, al tiempo que agradeció a las bancadas aliadas y concluyó que se trata de «un acuerdo muy bueno para el país».
Modificación al régimen de expropiaciones
La iniciativa incorpora además reformas sustanciales al régimen de expropiaciones regulado por la Ley 21.499. Durante la presentación, la legisladora se refirió a la necesidad de actualizar el marco normativo actual: «Por primera vez vamos a definir qué son las expropiaciones, tenemos muchos casos de varias mal hechas», agregó.
Aspectos normativos del nuevo régimen:
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Criterio restrictivo: Aunque se mantiene el principio general de utilidad pública para bienes públicos o privados, la declaración requerirá fundamentar de manera explícita el objetivo concreto que justifica la medida.
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Proporcionalidad e idoneidad: El dictamen exige que la expropiación solo pueda avanzar cuando resulte un medio estrictamente idóneo, necesario y proporcional para satisfacer el fin de interés público invocado.