El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, desplegará un operativo de control en todo el país durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes.
La medida busca verificar el cumplimiento del régimen que exige garantizar al menos el 75% de la prestación habitual en los establecimientos educativos, considerados como servicio esencial por la normativa vigente.
El procedimiento estará bajo la coordinación operativa de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. A través de sus agencias territoriales en las provincias, el Ejecutivo relevará el nivel de actividad escolar y elaborará un informe nacional consolidado.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello advirtieron que, en caso de constatar irregularidades en la cobertura mínima, «se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan» contra las entidades sindicales organizadoras.
Inspección muestral y alcance de la cobertura
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano precisó el mecanismo de supervisión que implementará en el territorio:
«Desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo», detalló la cartera nacional.
En los despachos oficiales remarcaron la necesidad de auditar la jornada de protesta:
«El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales», expresaron fuentes de Nación.
El relevamiento tomará como marco regulatorio el artículo 101 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, el cual modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación en los niveles inicial, primario, secundario y especial.
La normativa establece que los gremios deben notificar la huelga con cinco días de anticipación, acordar las modalidades del servicio mínimo —identificando personal, horarios y funciones— e informar a las familias con al menos 48 horas de antelación sobre el funcionamiento de los establecimientos.
Procedimiento legal y posibles sanciones sindicales
En el Gobierno aclararon que la aplicación de penalidades no responderá de forma automática al porcentaje de adhesión a la medida de fuerza. Para avanzar en la vía administrativa, se requerirá corroborar el incumplimiento, determinar la falta concreta e instruir el sumario correspondiente con garantías de defensa.
El régimen legal contempla sanciones contempladas en las leyes 14.786, 23.551 y 25.212, las cuales abarcan desde intimaciones, apercibimientos y multas, hasta la posibilidad de acudir a la Justicia para solicitar la suspensión, cancelación o intervención de la personería gremial en casos de desobediencia persistente.
Las agencias territoriales actuarán como el nexo para recopilar la evidencia fáctica. Debido a que las escuelas dependen operativamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, Nación articulará el flujo de datos con las jurisdicciones para reconstruir la actividad registrada en las aulas durante la jornada de protesta de CTERA, gremio que reclama la paritaria nacional y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).