En una jugada clave que el propio presidente Javier Milei definió como «la más importante» de esta etapa de su gestión, la Cámara de Diputados de la Nación se encamina a dar inicio al debate legislativo sobre la reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).
Este miércoles a las 15:00 horas, un plenario conducido por las comisiones de Finanzas —encabezada por Santiago Pauli— y Presupuesto y Hacienda —presidida por Bertie Benegas Lynch— recibirá a funcionarios del Poder Ejecutivo para tratar un proyecto que promete refundar la autoridad monetaria.
Prohibición estricta a la emisión, fin del financiamiento al Tesoro y las provincias
El texto busca plasmar legalmente lo que la Casa Rosada considera una batalla cultural superada: la premisa innegociable de la emisión cero. El articulado despoja al organismo de su múltiple abanico de objetivos y establece la preservación del valor del peso como su único mandato, entendiendo que la inflación responde siempre a un exceso de oferta monetaria.
Para bloquear de raíz la emisión sin respaldo y la banca de fomento, el proyecto prohíbe taxativamente los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos directos a las provincias y el uso de letras intransferibles, limitando de forma drástica la transferencia de utilidades únicamente a las ganancias reales alcanzadas por la entidad monetaria.
Blindaje a las autoridades con dos tercios del Congreso y fuera Economía
La propuesta apunta a garantizar una autarquía real mediante un cerrojo de gobernanza sin precedentes. Para evitar remociones intempestivas motivadas por presiones para expandir la masa monetaria, se fija que la remoción del presidente o directores por parte del Poder Ejecutivo exigirá la venia de una mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes en ambas cámaras del Congreso de la Nación.
Asimismo, la iniciativa contempla la derogación explícita del artículo que otorgaba al Ministro de Economía (o su representante enviado) un lugar en las reuniones del directorio con voz pero sin voto. Con esta medida se pretende fijar un límite operativo estricto, erradicando la injerencia cotidiana de la cartera económica sobre las decisiones de la entidad central.