El Gobierno nacional formalizó este martes un cambio clave en su estructura de gestión con la oficialización de Pablo Di Liscia como nuevo titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
El funcionario llega para reemplazar a Alejandro Vilches en el cargo, en un movimiento estratégico con el que la Casa Rosada busca imprimir una impronta de fuerte control presupuestario. Las autoridades nacionales confirmaron que la prioridad absoluta de esta nueva etapa estará centrada en la optimización de las prestaciones del sector, la transparencia administrativa y un uso eficiente de los recursos públicos.
Quién es Pablo Di Liscia: entre el sector privado y la gestión en IOMA
La llegada de Di Liscia al gabinete se respalda en un perfil técnico con amplia trayectoria tanto en la función pública como en el ámbito corporativo. Presidencia de la Nación destacó que el nuevo secretario cuenta con más de dos décadas de experiencia ejecutiva en compañías del sector privado.
En la arena política y estatal, su antecedente más relevante se dio entre 2017 y 2019, período en el cual estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, la segunda obra social más grande del país con la cobertura de más de 2,2 millones de afiliados. Previamente, el funcionario también se había desempeñado en la administración de la Ciudad de Buenos Aires como subsecretario de Higiene Urbana y como director general de Control de Gestión.
Auditoría profunda a pensiones por invalidez y baja de cobros ilegales
Desde el oficialismo explicaron que la conducción de Di Liscia profundizará la auditoría integral que se viene ejecutando sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el territorio nacional. El objetivo central de la Secretaría será acelerar las inspecciones para detectar irregularidades y proceder a la baja inmediata de aquellos beneficios que hayan sido otorgados de forma fraudulenta. Con este saneamiento, el Gobierno busca neutralizar los cobros ilegales para reorientar los fondos del Estado hacia aquellas personas en situación de vulnerabilidad real que verdaderamente cumplen con los requisitos médicos e institucionales.