La provincia de Chubut dijo presente en un encuentro clave para el futuro de la seguridad pública en el país. Durante la III Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, celebrada en San Juan y encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, las máximas autoridades provinciales y federales trazaron líneas estratégicas para combatir el crimen organizado.
Representando al territorio chubutense, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, participó activamente del debate junto a ministros de todas las jurisdicciones, secretarios de área y cúpulas de las Fuerzas de Seguridad Federales con el fin de consolidar políticas coordinadas.
Bloqueo de celulares en cárceles y salud mental para la policía
La agenda de trabajo abordó de manera prioritaria el problema de las comunicaciones no autorizadas dentro de los penales. Se consensuaron mecanismos estrictos para bloquear de forma definitiva los teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios, impidiendo así que los reclusos utilicen estos dispositivos para planificar, coordinar y ejecutar delitos hacia el exterior. Este refuerzo en los controles penitenciarios busca neutralizar las redes criminales que operan desde el encierro.
Por otra parte, se puso un fuerte énfasis en la salud mental y el bienestar integral de las fuerzas de seguridad. Durante las jornadas se expusieron herramientas para la prevención del suicidio, contención y acompañamiento psicológico destinado a los efectivos y sus familias. Se acordó potenciar la articulación entre los departamentos de bienestar de las policías provinciales y las fuerzas nacionales para cuidar integralmente a quienes velan por la ciudadanía.
Fuerte postura de Iturrioz contra la impunidad en la violencia a policías
Uno de los momentos más destacados de la cumbre fue la contundente intervención del ministro Héctor Iturrioz. El funcionario chubutense se sumó al planteo formulado previamente por su par cordobés, Juan Pablo Quinteros —quien lo mencionó en su discurso—, e instó a realizar todas las acciones y presentaciones judiciales que hagan falta para desterrar una práctica arraigada en el ámbito judicial.
Iturrioz fue categórico al señalar que debe finalizar la «inicua costumbre» de ciertos operadores de la justicia que asumen que el policía, por el solo hecho de ejercer su función, está obligado a tolerar cierto margen de agresión física. El ministro remarcó que esa postura es «palmariamente ilegal y debe ser combatida en los estrados judiciales», postura a la que también adhirieron los representantes de Santiago del Estero y otras provincias. La participación de la comitiva patagónica reafirmó la importancia de alinear criterios en el mapa federal para brindar mejores respuestas de seguridad e intercambio de información entre Nación y provincias.