La tensión institucional y la debacle financiera en el sistema de salud de las Fuerzas Armadas alcanzaron un punto de no retorno.
En medio de una tormenta perfecta por el pasivo millonario que ahoga la prestación médica de uniformados y sus familias, el coronel mayor retirado Ariel Guzmán dejó su cargo como encargado del proceso de disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
La decisión se desencadenó tras un contundente pedido de renuncia formulado directamente por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, durante un tenso encuentro llevado a cabo el miércoles debido a la lentitud en los plazos de ejecución del traspaso. El malestar de la conducción nacional aceleró un desenlace que destapa la verdadera magnitud del colapso sanitario militar.
Una deuda multimillonaria y la interna por la fecha límite
El proceso de transición hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) —entidad creada por la administración central para tomar la posta— se encuentra entrampado en un escenario contable alarmante. Mientras la naciente OSFA comenzó a percibir de forma directa los aportes de los afiliados, el cascarón residual del IOSFA quedó al frente de una gigantesca deuda con prestadores de salud que escala hasta los $213.000 millones.
La complejidad operativa genera zozobra cotidiana en los usuarios:
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Superposición de funciones: Pese a la liquidación en marcha, el viejo organismo continúa gestionando la atención médica directa.
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Confusión con prestadores: La propia entidad emitió directivas oficiales solicitando a los centros médicos no facturar a nombre de la nueva OSFA, ya que la cobertura se mantiene bajo la firma del IOSFA.
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Cruce de mandos: Antes de su intempestiva salida, Guzmán había advertido su profunda preocupación al titular de Defensa por el planteo formal del presidente del directorio de OSFA, el general de brigada Pablo Guillermo Plaza. Este último había requerido que el esquema residual del IOSFA extendiera la prestación mediante su red asistencial más allá del 30 de septiembre, límite estipulado originalmente para dar por concluidas las tareas.
Protestas en la puerta, riesgo laboral y vaciamiento denunciado
El temblor en la cúspide directiva repercute con crudeza en las calles y en la estabilidad de los trabajadores. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una convocatoria de protesta frente a la sede central de la entidad ubicada en la calle Paso 551, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alertando que están en peligro concreto más de 600 puestos de trabajo.
El gremio denunció formalmente el cierre y la transferencia de establecimientos pertenecientes al patrimonio de la obra social, además de sostener que existe un proceso sistemático de «vaciamiento» que derivó en la interrupción de coberturas esenciales. A esta grave coyuntura se suma la incertidumbre total sobre el destino de los centros médicos propios, las cadenas de farmacias y las instalaciones turísticas que pertenecían al histórico patrimonio militar, dejando en absoluta vulnerabilidad tanto a empleados como a los miles de beneficiarios que dependen del sistema.