El diputado Maximiliano Ferraro solicitó datos precisos a Seguridad y Migraciones para constatar el sustento legal de las deportaciones masivas anunciadas por el Presidente y verificar si los involucrados registran vínculos reales con el terrorismo.
Un nuevo frente de debate institucional se abrió en el Congreso de la Nación a raíz de las recientes declaraciones del presidente Javier Milei. El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, formalizó un pedido de informes y de acceso a la información pública ante el Poder Ejecutivo para auditar las cifras y criterios jurídicos utilizados en la expulsión de ciudadanos extranjeros.
El requerimiento, dirigido al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones, surge luego de una entrevista televisiva en la que el jefe de Estado aseguró haber deportado a miles de personas entre 2025 y 2026 bajo la acusación de infiltración política y terrorismo.
La cifra vertida por el Presidente y las acusaciones de «infiltración»
Durante un reportaje emitido en la señal LN+, el mandatario aludió a los avances de su gestión en materia de control fronterizo y brindó números inéditos sobre el flujo migratorio de los últimos dos años:
«Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año? El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000», afirmó el presidente Javier Milei.
De acuerdo con la versión del líder libertario, los individuos expulsados no solo ingresaron de manera irregular, sino que formarían parte de un esquema coordinado de desestabilización política y económica:
«Son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino», aseveró el jefe de Estado, vinculando además a estos grupos con maniobras financieras orientadas a provocar una corrida de «u$s70.000 millones».
El requerimiento parlamentario de la Coalición Cívica
Ante el volumen de las cifras expresadas —que acumulan un total de 30.000 deportaciones en un lapso de 24 meses—, Ferraro exigió que las autoridades nacionales presenten la documentación que certifique el sustento técnico de cada procedimiento.
El texto presentado en la Cámara de Diputados solicita al Gobierno los siguientes puntos de verificación:
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Estadística discriminada: Detalle exacto del número de extranjeros expulsados, rechazados o inadmitidos durante 2025 y 2026, desglosado por mes y categoría jurídica.
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Antecedentes penales: Especificación de cuántas de las personas deportadas contaban con imputaciones, procesamientos o condenas firmes por delitos vinculados al terrorismo.
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Registros de seguridad: Confirmación oficial sobre cuántos de los señalados figuraban efectivamente inscritos en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).