El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna invocó el principio internacional de libre navegación tras el reclamo de su par Pablo Quirno. La controversia por la reactivación de la ruta comercial desde Punta Arenas coincide con la recta final del litigio en el Tribunal del Mar por la explotación petrolera británica.
La reactivación de una ruta marítima comercial entre el sur chileno y las islas Malvinas desató este jueves un fuerte cruce diplomático entre Santiago y Buenos Aires. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, descartó de plano que su país deba solicitar autorización previa a la Argentina para el tránsito del buque Danstar, al invocar las normativas de Naciones Unidas y sentenciar que «los países no piden permiso».
La postura del Palacio de La Moneda surgió en respuesta directa a los planteos realizados días atrás por el canciller argentino, Pablo Quirno, quien exigió el cumplimiento de trámites administrativos antes de atravesar aguas jurisdiccionales nacionales. «Por el estrecho de Magallanes pasan miles de barcos por año. Miles piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas», había señalado el funcionario nacional el lunes pasado en declaraciones televisivas.
Frente a ese reclamo, Pérez Mackenna fundamentó la negativa de su administración en los tratados marítimos vigentes:
«Chile cree en el derecho para la libre navegación (…) o paso inocente, como se llama en el derecho marítimo de la Convemar (Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). Y confiamos que ese derecho se respetará», sostuvo el jefe de la diplomacia chilena.
La controversia gira en torno a la embarcación de la naviera Easter Island, que en diciembre volverá a operar un trayecto comercial suspendido desde hace 15 años entre Punta Arenas y Puerto Argentino, transportando alimentos, maquinaria y materiales de construcción. La iniciativa privada recibió el respaldo explícito del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien celebró el vínculo logístico afirmando: «Queremos ser el gran supermercado de las islas».
El trasfondo petrolero y la recta final en el Tribunal del Mar
En la Casa Rosada observan con extrema cautela el restablecimiento de este puente comercial, vinculándolo directamente con el avance de las operaciones hidrocarburíferas impulsadas por el Reino Unido en el Atlántico Sur. En esa línea, Quirno le recordó a Santiago el «compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas».
El conflicto bilateral se produce en un momento crítico para la estrategia jurídica argentina en el exterior. En paralelo a este intercambio verbal, la delegación nacional encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, concluyó su ronda de alegatos en Hamburgo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) con el objetivo de bloquear el proyecto petrolero Sea Lion.
Durante las audiencias, los representantes argentinos solicitaron la aplicación de medidas provisionales urgentes para detener los trabajos en la cuenca offshore, advirtiendo ante los jueces que «es ahora o nunca».
Tras escuchar a las partes, el presidente del organismo internacional, Maurice Kamga, confirmó que el fallo sobre la eventual suspensión de las perforaciones de las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration se dará a conocer el próximo 28 de noviembre. Esa resolución definirá si se congelan las obras de infraestructura submarina para evitar daños ambientales y patrimoniales irreversibles mientras avanza el arbitraje de fondo.