En un escenario judicial de extrema tensión, Máximo y Florencia Kirchner consiguieron un importante avance estratégico para frenar el inminente decomiso de su millonario patrimonio familiar.
Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 concedieron un recurso de casación que abre una nueva instancia de apelación, deteniendo momentáneamente el avance sobre propiedades emblemáticas vinculadas a las causas Hotesur y Los Sauces.
La resolución beneficia no solo a los hijos de la ex presidenta Cristina Kirchner, sino también a Sebastián José Sánchez, director de las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A.
La batalla por el patrimonio: el departamento de San José y Madero Center
La medida adoptada por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini responde a los planteos presentados por el abogado defensor Luis Joel Goldin. La defensa argumentó que avanzar con los actos preparatorios de desapoderamiento genera un «gravamen de imposible reparación ulterior», vulnerando garantías fundamentales mientras aún resta resolverse un recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entre los bienes en disputa cuya incautación se busca evitar figuran el reconocido departamento ubicado en la calle San José 1111, diversos inmuebles de lujo situados en el complejo Madero Center de Puerto Madero y múltiples propiedades radicadas en la provincia de Santa Cruz. A su vez, la representación de Sebastián José Sánchez enfatizó que mantener las cautelares sobre las firmas desconoce la personalidad jurídica diferenciada y la autonomía patrimonial de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., colocándolas en un estado de indefensión.
El monto multimillonario del embargo y el fundamento de los jueces
Los integrantes del TOF N° 2 fundamentaron la concesión de la vía recursiva señalando que, si bien las medidas cautelares no constituyen una sentencia definitiva, la dimensión de los agravios e invocaciones patrimoniales alegadas por los imputados justifican habilitar la revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Esta ofensiva legal intenta neutralizar la decisión firmada a fines de agosto, mediante la cual la Justicia oficializó un embargo preventivo sin precedentes por un monto total de $684.990.350.139,86. Dichos fondos y bienes permanecen bajo resguardo judicial en el marco de la ejecución de la condena dictada en la causa Vialidad, expediente por el cual la ex jefa de Estado Cristina Kirchner cumple una pena de 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.