Una ola de indignación popular y gremial promete paralizar las calles de la Capital Federal.
Organizaciones políticas de izquierda, agrupaciones sociales autoconvocadas y el sindicalismo estatal anunciaron un plan de lucha con marchas masivas para repudiar la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual dejó sin efecto la protección sobre el territorio nacional y habilitó la compra sin límites de campos a capitales extranjeros.
Las convocatorias se estructurarán en distintas jornadas de protesta para organizar la bronca colectiva y exigir la anulación definitiva del DNU 70/2023.
Cronograma de movilizaciones: de Parque Lezama a Tribunales
El frente de protesta se abrirá el próximo viernes 2 a las 17:00, cuando el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) junto a diversas organizaciones sociales se concentren en Parque Lezama. La consigna principal será canalizar el rechazo al fallo del máximo tribunal y pedir la derogación total del decreto dictado por el Poder Ejecutivo.
Posteriormente, el lunes 5 (con horario aún a confirmar), la agrupación Pueblo Unido Autoconvocado (PUA) marchará desde las puertas del Congreso de la Nación hasta el Palacio de Justicia en Talcahuano 550. Esta movilización apuntará directamente a cuestionar la resolución judicial que faculta a magnates e inversores internacionales a adueñarse del suelo argentino.
El sindicalismo propone una marcha histórica y duras críticas a la «casta judicial»
A la par de estas protestas, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, anunció que propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y a las centrales obreras la construcción de una marcha unificada hacia la Corte Suprema. Aguiar fustigó duramente la medida firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti: «Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», aseveró el dirigente.
El polémico fallo del tribunal revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, bajo la doctrina de que el demandante, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), carecía de legitimación procesal para accionar. Por su parte, el ex legislador porteño Gabriel Solano (FIT) disparó en declaraciones periodísticas: «Tres personas llamadas ‘supremos’ no electos por nadie deciden contra la voluntad inmensamente mayoritaria del pueblo. La casta judicial labura para los Peter Thiel y los Lewis, que quieren acaparar la tierra para sus propios negocios».