Una enérgica oleada de repudio sacude al ámbito gremial tras la reciente resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Confederación General del Trabajo (CGT) rompió el silencio y emitió un duro pronunciamiento para manifestar su absoluto rechazo al fallo que restablece la vigencia de la derogación de la Ley de Tierras, advirtiendo con vehemencia que la soberanía del territorio nacional se encuentra bajo una grave amenaza de extranjerización.
La central obrera condujo su descargo mediante un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, firmado por su conducción ejecutiva.
«La tierra no es una mercancía»: el lapidario mensaje del triunvirato
El triunvirato de la CGT, integrado por Cristian Jerónimo, José Sola y Octavio Argüello, apuntó en forma directa contra el dictamen judicial al considerar que atenta «en contra de la soberanía y la voluntad popular» de los argentinos. En el documento institucional, los dirigentes señalaron con firmeza: «Repudiamos el fallo de la Corte Suprema que deja vigente la derogación de la Ley de Tierras y vuelve a abrir la puerta a la extranjerización de nuestro territorio. La tierra argentina no es una mercancía: es patrimonio de nuestro pueblo y parte inseparable de un proyecto de Nación con producción, trabajo y soberanía».
Esta tajante posición sindical recupera los antecedentes vividos en el Congreso de la Nación durante la discusión del proyecto denominado de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada». En aquella oportunidad, la central de trabajadores ya había rechazado de plano cualquier intento de flexibilización o eliminación de los topes legales para la adquisición de grandes extensiones de campo por parte de firmas o inversores foráneos, argumentando que se ponía en riesgo la seguridad nacional y el desarrollo productivo local.
El reclamo por el empleo rural y la exigencia de tumbar el DNU 70/2023
El conflicto cuenta con el activo respaldo de sectores clave del ámbito laboral, como la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Desde dicho gremio advirtieron oportunamente que la eliminación del límite legal del 15% para la titularidad extranjera generaría un escenario de severa «concentración de tierras, monopolios y encarecimiento de terrenos», motivo por el cual marcharon hacia el Parlamento junto a la CGT y diversas agrupaciones sindicales.
Aquel despliegue en las calles, sumado a la falta de consensos en las comisiones legislativas, había forzado en su momento al Gobierno Nacional a retirar el capítulo específico sobre extranjerización de tierras, hito que fue celebrado por el movimiento obrero. Sin embargo, tras la sorpresiva resolución de los magistrados de la Corte que revierte aquel logro, la CGT volvió a elevar el tono del reclamo e hizo un llamado directo al Poder Legislativo: «Exigimos a la Cámara de Diputados que rechace el DNU 70/2023 porque la soberanía no se negocia», concluyeron.