En un giro inesperado que sacude la interna del Poder Ejecutivo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó este jueves una victoria gremial clave tras días de extrema tensión institucional: la reincorporación total de los 12 empleados que habían sido abruptamente echados de la Quinta Presidencial de Olivos.
El conflicto se había desencadenado tras la traumática salida de la gestión nacional de María Belén Agudiez, una figura de extrema confianza dentro del gabinete que se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General y constituía una pieza estratégica en el armado cotidiano de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
La presión de ATE forzó la marcha atrás oficial tras los despidos
El reclamo, que amenazaba con escalar a medidas de fuerza mayores en dependencias estatales, tuvo una resolución favorable anunciada por el propio sindicato a través de sus canales oficiales. El gremio celebró de forma contundente la restitución de los puestos de trabajo en sus redes sociales.
«ATE consiguió la reincorporación de les compañeres despedidos en Olivos», expresaron a través de un comunicado publicado en la red social X por intermedio de la cuenta de ATE Capital. En el mismo mensaje, la conducción sindical remarcó el peso de la movilización: «La organización y la lucha colectiva dieron resultado», enfatizaron al confirmar que «les compañeres vuelven a sus puestos de trabajo» e insistieron en que «frente a cada injusticia necesitamos ser cada vez más quienes nos organizamos en ATE para defender nuestros derechos».
Para destrabar el conflicto y reordenar el esquema operativo, se estableció un plan de reubicación: los empleados restablecidos no regresarán al predio presidencial de Olivos, sino que serán distribuidos estratégicamente entre las oficinas de la Casa Rosada y la sede gubernamental ubicada en la Avenida 25 de Mayo al 600.
Remezón en la custodia presidencial: la Casa Militar toma el control total
La desvinculación inicial del personal y el posterior reordenamiento laboral responden a una reestructuración profunda en el sistema de protección del jefe de Estado. El pasado jueves, el Gobierno oficializó una modificación drástica que implicó el desarme de la vieja estructura civil y administrativa que operaba en la residencia.
Este movimiento derivó en el desplazamiento original de 15 personas y fijó un plazo de 60 días para completar el traspaso operativo. Con este esquema renovado, la Casa Militar —conducción castrense bajo el mando del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez— pasó a concentrar de manera exclusiva e integral la seguridad del presidente Javier Milei, su círculo íntimo y sus residencias transitorias.