La Casa Rosada recurrirá ante la Cámara la intimación del juez Martín Cormick, argumentando que la cautelar ya fue acatada. En paralelo, busca un acuerdo de partidas en el debate del Presupuesto 2027.
El conflicto judicial por los fondos de la educación superior suma un nuevo capítulo. El Gobierno nacional apelará la resolución judicial dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, la cual le otorgó un plazo de cinco días para dar cumplimiento total a la medida cautelar ligada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La apelación será elevada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, según confirmaron fuentes oficiales a TN. El fallo adverso advierte que, de no acatarse la medida en el lapso fijado, el magistrado podrá aplicar multas económicas diarias (astreintes) por cada jornada de demora.
Claves del nuevo frente judicial y político
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Intimación judicial: El juez Cormick emplazó al Ejecutivo por cinco días bajo apercibimiento de multas.
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Postura del Gobierno: Sostiene que la cautelar ya fue acatada y evalúa pedir efecto suspensivo a la apelación.
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Medida firme: La cautelar ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 (recomposición salarial y becas).
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Frente político: La Casa Rosada busca negociar partidas para las universidades en el Presupuesto 2027.
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Conflicto en las calles: Gremios y universidades ratificaron la Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.
El argumento oficial frente a la medida firme
Desde la Casa Rosada sostienen una postura contrapuesta a la del magistrado. Funcionarios que siguen de cerca el expediente aseguran que el Ejecutivo ya cumplió con las exigencias requeridas y que dicha documentación fue presentada oportunamente ante la Justicia.
A la par, la mesa jurídica del Gobierno define el alcance del recurso: «Estamos estudiando el tema», explicaron en despachos oficiales respecto a si solicitarán que la apelación tenga efecto suspensivo, lo que congelaría la intimación y la eventual imposición de multas mientras la Cámara revisa la causa.
Cabe remarcar que esta apelación no reabre la cautelar de origen dictada en diciembre de 2025, la cual quedó firme tras la desestimación de un recurso extraordinario por parte de la Corte Suprema el pasado 25 de junio. Dicha orden obliga al Estado a aplicar de forma inmediata la actualización salarial para docentes y no docentes, así como la adecuación de los programas de becas estudiantiles.
Negociaciones paritarias y el choque presupuestario
La disputa en los tribunales refleja la falta de acuerdo en las mesas de negociación. En junio, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios suscribieron un acta con una recomposición del 24,33% en la masa salarial y un 20% para gastos de funcionamiento. Sin embargo, los intentos posteriores por dar por cerrada la causa fracasaron: el 1 de septiembre Cormick rechazó levantar la cautelar y el 17 de septiembre se rompieron las conversaciones tras el rechazo sindical a una oferta adicional del 3%.
Ante este escenario, la estrategia de la Casa Rosada apunta a destrabar el expediente mediante la discusión parlamentaria del Presupuesto 2027. Mientras el proyecto enviado por el Ejecutivo contempla $7,349 billones para el sector, el CIN calcula necesidades presupuestarias cercanas a los $11 billones. Desde el Gobierno admiten margen para revisar y elevar la partida en busca de un consenso con rectores y bloques aliados que pueda ser presentado como un nuevo hecho ante los tribunales.
Mientras se aguarda la presentación formal de la apelación ante la Cámara, la comunidad universitaria mantiene las medidas de fuerza y ratificó la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria programada para el próximo 15 de octubre.