Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) que se ejecute de inmediato el decomiso de casi $700 mil millones contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la causa Vialidad.
El pedido llega tras el vencimiento del plazo para el pago solidario de la suma determinada por la Justicia como perjuicio al Estado.
En un escrito de 65 páginas, los fiscales recordaron que la sentencia de la causa Vialidad quedó firme el 10 de junio de 2025, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los recursos presentados por las defensas.
Sin embargo, señalaron que, cuatro meses después, “aún no se ha concretado la ejecución del decomiso”, y remarcaron que los condenados “no depositaron ni un solo peso”.
Los representantes del Ministerio Público afirmaron que esta negativa “atenta contra el principio de igualdad ante la ley” y exigieron al tribunal activar los mecanismos para el remate de los bienes embargados, entre los cuales se encuentran viviendas, hoteles y terrenos vinculados a la familia Kirchner.
Según Radio3, la suma inicial establecida en 2022 fue actualizada por peritos de la Corte Suprema hasta alcanzar los $684.990 millones, una cifra que los fiscales consideran indispensable recuperar en favor del Estado.
Fondos públicos y responsabilidad judicial
Luciani y Mola remarcaron que esta etapa del proceso es fundamental para recuperar los bienes provenientes de la defraudación y destinarlos a fines públicos, como salud, educación o infraestructura.
Además, denunciaron que los intentos de los condenados de frenar la ejecución del fallo a través de planteos judiciales “reiteran maniobras históricas” utilizadas para eludir la restitución de fondos públicos.
Los fiscales insistieron en que la Justicia debe cumplir sus fallos sin distinción, recordando antecedentes como el de María Julia Alsogaray, donde se ejecutaron bienes para saldar una condena firme.
Un mensaje sobre la igualdad ante la ley
En el cierre del documento, los fiscales destacaron que ninguna persona, por su posición política o poder económico, puede quedar al margen del cumplimiento judicial.
“La Justicia debe hacer cumplir su fallo sin distinciones. Todos, incluso los poderosos, deben acatar la ley”, subrayaron en su presentación.
Este nuevo paso judicial marca un momento clave en la causa Vialidad, y podría definir el destino final de los bienes y activos vinculados a los principales acusados.