Un verdadero terremoto político y judicial sacude a la Ciudad de Buenos Aires tras un polémico fallo que volvió a poner en el centro del debate el juzgamiento de los adolescentes que delinquen.
La jueza Laura De Marinis declaró la inconstitucionalidad de la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años y sobreseyó de inmediato a un chico investigado por tentativa de robo. La resolución encendió la furia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien anunció que promoverá el juicio político para lograr su destitución, asegurando que la sentencia representa un claro favor a la delincuencia.
Vínculos, militancia socioeducativa y un polémico historial judicial
Laura De Marinis es titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de CABA. Ingresó al Poder Judicial en 2006 antes de graduarse de abogada y recorrió diversas áreas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Desde 2017 formó parte de la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil de la Defensoría General Adjunta porteña, hasta que juró como magistrada el 19 de diciembre de 2023 tras un concurso en el Consejo de la Magistratura.
A pocos días de asumir, tomó una controvertida medida al quitarle la prisión domiciliaria al joven condenado a 4 años y medio por golpear brutalmente a Arturo López, el playero de Monserrat que quedó con secuelas irreversibles. En aquel momento, De Marinis resolvió que el agresor cumpliera la pena bajo control de tobillera electrónica, provocando el enérgico rechazo de la familia de la víctima.
Asimismo, en abril pasado hizo pública su visión garantista durante una entrevista en streaming, donde recordó su labor voluntaria en el Hogar de Cristo de la villa 1-11-14 y defendió que la Justicia de menores debe priorizar lo socioeducativo por sobre lo punitivo, alertando que la reforma penal llevaría a los tribunales disputas que deberían solucionarse en las escuelas.
El fallo que detonó el pedido de juicio político y el antecedente bonaerense
De Marinis fundamentó su reciente fallo declarando inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801 al considerar que reducir la punibilidad a los 14 años es una medida regresiva en materia de derechos de la infancia. Aunque la magistrada aclaró que su resolución no suspende la vigencia general de la norma sino que aplica únicamente al caso individual del menor sobreseído, la decisión provocó una dura embestida de Jorge Macri, quien impulsará de inmediato su juzgamiento institucional.
El escenario se suma a lo ocurrido días atrás en la provincia de Buenos Aires con la jueza Marta Elba Pascual (titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora), quien intentó suspender preventivamente la ley por 60 días. Sin embargo, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora anuló ese fallo por entender que una jueza de primera instancia no posee facultades para frenar una norma nacional de forma colectiva, ordenándole revisar su competencia con máxima urgencia.